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Aborto: ¿hay unidad en el peronismo?

Las diferencias atraviesan el frente que encabezan Alberto y Cristina Fernández. El apoyo del precandidato a presidente, el giro de CFK y el juego de los gobernadores. Dato Duro analizó el derrotero de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un tópico insoslayable en la previa de la campaña electoral

Por Ezequiel Coria

El aborto no punible es legal desde 1921 en Argentina (aunque no se aplica a la totalidad de las situaciones), de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal. Fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L” de 2012 (donde resolvió la despenalización de una menor de 15 años víctima de una violación en Chubut) en los siguientes casos: si representa un riesgo para la vida de la persona gestante; si representa un riesgo para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante; si es producto de una violación. El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.

Rechazo a medias

En marzo del 2018, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó en el Congreso Nacional, por séptima vez, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Durante tres meses, más de 800 expositoras/es, con argumentaciones a favor y en contra de la legalización,emitieron sus posturas ante los plenarios de comisiones en Diputados y Senadores.

El 14 de junio, se logró la media sanción en la Cámara baja, luego de 20 horas de sesión, con 129 votos afirmativos, 125 rechazos, una abstención y una ausencia. En agosto, el proyecto se cayó en el Senado por los 38 sufragios “pro vida”, 31 en favor de la IVE, dos legisladores que se abstuvieron y una ausente. 

No obstante, fueron meses de un intenso escenario de lobby entre “verdes y celestes”en el tablero político al más alto nivel, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, cruzado por la demandas militadas desde los diversos espacios de la sociedad civil. En esta coyuntura, los gobernadores del PJ jugaron una partida a dos bandas; ya que comunicaban “su posicionamiento personal” por un lado, y, a la par, emitían sobre la libertad de acción que a priori gozaban sus legisladores. Un dato concreto dentro del justicialismo: Omar Perotti, gobernador recientemente electo en Santa Fe, representó una de las abstenciones en la Cámara alta.

Hace poco más de un mes, conferencia de prensa mediante, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desembarcó por octava vez (desde 2007) para habilitar el debate nacional de la IVE. Al calor del proceso electoral actual, la agenda de Género simboliza una de las temáticas de abordaje obligatorio para los candidatos y sus plataformas, ya sea por la polarización existente, la masividad de la calle, el electorado cautivo que detentan los colectivos o por una necesidad de política estatal definida.

La fórmula de “Todos”

En febrero de 2018, el otrora jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández,tuiteó: “La punición del aborto solo ha servido para desamparar a las mujeres pobres que no pueden recurrir a la asistencia pública para interrumpir un embarazo. El aborto no es una cuestión moral o religiosa. Es una cuestión de la salud pública. Es hora de despenalizarlo”. Transcurrido un período, el candidato a presidente, advirtió en mayo: “Por lo pronto me parece que no debe ser un delito y que eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque es un tema que divide a los argentinos“.

Asimismo, Cristina Fernández manifestó prolongadamente su rechazo y lo sostuvo durante sus gestiones presidenciales. El investigador Mario Pecheny, flamante director del Conicet por el área de Ciencias Sociales, recuperó una declaración de la ex mandataria durante el 2003: “Yo no soy progre, soy peronista. Las sociedades tienen sus tiempos y yo no creo que la Argentina esté para eso. Apenas si pudimos aprobar una ley de educación sexual, de reproducción responsable y hay que ver lo que costó eso. Además, y más allá de eso, yo estoy en contra del aborto”.

Fuera del Poder Ejecutivo y ya como senadora nacional, comenzó su tránsito hacia una nueva mirada, la cual explicó valiéndose de una referencia personal. “Entre Máximo y Florencia, en 1984, tuve otro embarazo. En el quinto mes tuve un aborto espontáneo. Era un varón, fue un aborto trágico, brutal para mí. Siempre me dijeron que si la neonatología en ese momento hubiera tenido el desarrollo actual, se hubiese salvado. Fueron cuatro o cinco días de pérdidas muy feas. Yo quedé muy mal”. Previo a la votación de la IVE en el Senado, argumentó que “Florencia es una madre soltera que decidió tener a Helenita, mi nieta ¿qué hubiera pasado si me decía que no la quería tener y que había decidido abortar? ¿Yo qué hubiera hecho? Sin dudar la hubiera acompañado. Esa tarde sentí que me interpelaba a mí misma. Es tan difícil modificar las creencias o aceptar las razones del otro cuando no coinciden con la fe de cada uno”.En continuidad con esa línea, fue uno de los votos verdes del Senado en 2018. Finalmente, en su discurso, aseveró: “Tenemos que ofrecer una alternativa, he discutido con muchas mujeres feministas las convicciones. Deberíamos todos hacer un esfuerzo muy grande para dar respuesta”.

¿Y los gobernadores?

Entre los gobernadores justicialistas, el tucumano Juan Manzur ratificó en su momento su postura “pro vida”: “Voy a hacer respetar lo que establece la Constitución de la Provincia, para proteger la vida desde el momento de la concepción. Seré firme en esta posición tomada”. Mismo escenario ratificó el chaqueño Domingo Peppo ante pastores evangélicos al apuntarles que “me considero un hombre de Dios y reafirmo mi postura que es la defensa de la plena vida”; e igual vía desanduvo su par sanjuanino Sergio Uñac, quien aseguró que “estamos a favor de la vida desde la concepción. No solamente lo declamo, sino que hay un programa del Ministerio de Salud, Mil Días, que habla del fortalecimiento del chico concebido y desde ahí hacia adelante”.

Desde el sur, la actual mandataria de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, avaló abiertamente el rechazo al aborto: “Es una convicción íntima y personal, estoy a favor de la vida, ya lo he demostrado. Aún hoy en día, cuando tengo que afrontar situaciones difíciles, lo que me sostiene es la fe, y creo que en este momento expresarme a favor de la vida me muestra tal cual soy”. No obstante, su vencedor y reemplazante para el próximo período, Gustavo Melella, planteó en una entrevista que “la vida se defiende siempre. Les digo a los que son pro-vida que está bien que garanticemos la vida, pero garanticémosla siempre con igualdad de oportunidades, garanticemos la salud, la estimulación, la educación. Pero tampoco estoy a favor el aborto clandestino, en el sentido de poner en riesgo la vida de la mujer y del bebé. Hay que buscar una manera de llegar a todas las instancias”. Además, Alicia Kirchner (Santa Cruz),indicó, en línea con el Obispado de Río Gallegos, que “tenemos que apostar siempre a la vida”.

En La Rioja, el gobernador Sergio Casas trazó el panorama durante la votación de la IVE, al reunirse con representantes de la ONG “Marcha por la Vida” y aclarar que “en unión todos debemos concientizarnos a favor de la vida”. A su vez, el santiagueño Gerardo Zamora asumió su apoyo a los celestes, al pedir una “discusión seria y responsable” en el Congreso. Asimismo, la negativa del misionero Hugo Passalaqua se conoció a través de su ministro de Salud, Walter Villalba: “En Misiones se aplica el protocolo desde 2013, porque la ley de 1921 ya indica en qué casos se considera un aborto no punible. Misiones es pro vida, pero siempre también se adaptó a la legislación, porque tenemos que garantizar el acceso al derecho que tienen las adolescentes”.

En tanto, el caso Perotti evidencia sus matices. El senador peronista y flamante gobernador electo de Santa Fe simbolizó una de las dos abstenciones en la votación en la que la IVE fue rechazada. La otra, Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino. Su postura abreva en el tercer carril apuntalado desde lo jurídico. En abril de este año, explicó su proyecto destinado a ser alternativo, el cual no consagra el derecho al aborto en las primeras 12 ó 14 semanas de gestación, sino que agrega una causal a las expuestas desde 1921 en el Código Penal (riesgo para la vida o salud de la persona gestante y en casos de embarazo producto de abuso sexual o violación), al habilitar la practica cuando el feto sea incompatible con la vida extrauterina. De este modo, el documento “turquesa” ratificaría el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, sumado a esta última excepción, además de continuar penalizando el aborto y de otorgar al juez la facultad de suspender la condena o eximirla, luego de analizar las motivaciones específicas de la interrupción.

Desde Catamarca, Lucía Corpacci manifestó que“sería muy apresurado emitir una opinión. Como médica, he visto a las mujeres desde un lugar donde no se las ve. Creo que el Estado y la Iglesia deben trabajar en las medidas de prevención de los embarazos no deseados y hay casos puntuales como la violación o los riesgos de salud donde merecen un tratamiento especial”. Vale destacar que los senadores por el FpV, Inés Blas y Dalmasio Mera, sufragaron en modo celeste durante el retroceso de la ley. En este contexto, Gildo Insfran (Formosa) no ha difundido abiertamente su mirada. Ante esto, puede dibujarse un camino paralelo al contabilizarse entre los pro vida a los senadores justicialistas José Mayans y González María Teresa, contrapuestos con el oficialista “verde” (de Cambiemos) Luis Carlos Naidenoff; y puntualizando en Diputados (donde se motorizó la media sanción legislativa), el afirmativo de Luis Eugenio Basterra frente a los dos negativos de Gustavo Ramiro Fernández Patri e Inés Beatriz Lotto.

Otro caso similar lo encarna el reelecto mandatario de Chubut,Mariano Arcioni, ligado al massismo. Si bien no ha denotado su ideología ante la IVE, el apoyo desde la Cámara alta fue corporizado por los tres referentes provinciales: Alfredo Héctor Luenzo (por Chubut Somos Todos, desde donde originó el actual gobernador alineado con Mario Das Neves), Juan Mario Pais y Nancy Susana González (FpV). Asimismo, el diputado Santiago Nicolas Igon dio su guiño positivo mientras que Ana María Llanos Massa emitió en contra junto con Jorge Taboada (dirigente de Camioneros y fundador de Chubut Somos Todos) y Rosa Rosario Muñoz (desde el Arcionismo).

Dentro del peronismo, pero por fuera de la unidad y dentro del armado de Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, confirmó hace unos meses su aval a la legalización: “He dado mi opinión respecto de avanzar en la despenalización del aborto, totalmente de acuerdo en eso, pero no puedo imponer mi criterio a otro si el pueblo argentino quiere una cosa diferente”. Empero, en junio del año pasado frente a los miembros del Rotary Club recalcó que “soy católico y no estoy de acuerdo con el aborto”, aunque “adhirió al protocolo nacional” para no sancionar “la situación de la mujer”. En este espectro del tablero federal, orilla el cordobés Juan Schiaretti, el cual aclaró que “mi posición es absolutamente secundario. Lo único que haría sería ahondar la grieta que se produjo en Argentina. Nadie quiere hacer abortos, es una consecuencia del embarazo no deseado y por lo tanto, la responsabilidad mía como gobernador es tomar las medidas para que no haya embarazos no deseados”.

Sin embargo, hay un grupo de gobernadores peronistas que sintoniza el dial de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Un caso es La Pampa, que con el saliente Carlos Vernaafirmó que “a este tema no hay que encararlo desde el punto de vista religioso. Es un problema de salud. Hay que darle a las mujeres la libertad de poder disponer de su cuerpo”. Y posteriormente, con el próximo mandatario Sergio Zillioto (quien además acompañó con su voto en la Cámara baja): “Me resulta inaceptable caer en el facilismo de optar entre la vida y la muerte. Es imprescindible abordarlo como el grave problema social que representa y darle una respuesta urgente desde la salud pública y resolverlo con una presencia activa del Estado que termine con el escenario actual de desigualdad social. El aborto existe y ya se ha cobrado muchas vidas. La actual legislación no lo ha resuelto, su perfil punitivo, por el contrario, ha profundizado su clandestinidad”.

En esta vereda se sitúan Alberto Rodríguez Saa (San Luis) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). El puntano jugó activamente con la difusión de un video y un posteó donde asevera que “la mujer es dueña de su cuerpo. Estoy a favor de la despenalización del aborto. Estoy a favor de que se realice en hospitales públicos”. El segundo planteóque “lo importante es que se quebró el tabú de debatir sobre un tema que atraviesa a la sociedad. Esto tiene su importancia en que los grandes temas tienen que ser incorporados a la agenda nacional de debate. Más allá del resultado, que puede gustar a algunos y a otros no, lo importante es que se ha debatido”.

El relevamiento oficial

El secretario de Salud nacional, Adolfo Rubinstein, señalóen momentos del debate legislativo que “el número de abortos en la Argentina no se sabe porque el aborto es ilegal, es clandestino. Conocemos el dato de los egresos hospitalarios, las internaciones en los hospitales públicos como consecuencia del aborto ilegal. Tenemos registradas 47 mil internaciones y 43 muertes por aborto en 2016, de las cuales 31 son por aborto clandestino. Esos son los datos oficiales. Pero existe un subregistro, ya que hay muchos abortos que no se reportan en el sector público. En razón de los nacidos vivos, la tasa de fecundidad y los egresos hospitalarios en el sector público uno puede extrapolar el número de abortos estimados en el país. Hicimos esta estimación y dio 350 mil, que es el dato que presenté en el Senado”.

En cuanto a los números específicos que anidan en esta problemática, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud(DEIS), dependiente del Ministerio de Salud nacional, comunicó que de las 245 muertes maternas producidas en 2016, 43 de ellas fueron por “embarazo terminado en aborto” (17,6%), y tipificó a la par, las características de esos esos fallecimientos.

Este dato resulta desglosado por el documento de la Cartera denominado “Análisis de la Mortalidad Materno Infantil 2007-2016”, el cual argumenta que “con 728.035 nacidos vivos en el mismo año, representa una Tasa de Mortalidad Materna (TMM) de 3,4 por 10.000 nacidos vivos (…) Desde el año 1980 se observa una ligera tendencia al descenso en la TMM en Argentina, que parece estancarse desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad”. Además, remarca que las causas obstétricas directas son responsables del 55,1% de las defunciones maternas; 17,6% son debidas a complicaciones del aborto, y 27,3% son debidas a causas obstétricas indirectas.

Estos números exhibidos por la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, indican que en “la TMM nacional se constata un descenso de 22,7%”, aunque posteriormente pondera que “en el total del país se constata un descenso de 19,9% en el número de muertes maternas en el período evaluado”. En este marco, sostiene el incremento en 9 jurisdicciones del porcentual promedio de 3,4%: Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis y Tierra del Fuego.

Las organizaciones y sus datos

Por su parte, un trabajo articulado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REEDAS) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)refleja que “las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas en el trienio 2014-2016” y puntualiza que representa “la primera causa individual de muerte materna desde 1980 en la Argentina”. En tanto, asevera que REDAAS ha implementado un registro de casos legales del que participan 11 instituciones públicas de 5 jurisdicciones nacionales y que, hasta febrero de 2018,se contabilizaban 1545 interrupciones legales del embarazo en esos establecimientos.

Asimismo, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) retoma, en una nota titulada “El Aborto en Cifras” de marzo 2018, el informe de ELA – CEDES – REEDAS – para destacar que “en el 2013, últimas cifras disponibles, al menos 49.000 mujeres se internaron en los hospitales públicos de Argentina por problemas relacionados con el aborto. La cifra equivale a 135 mujeres por día”.

Más específicamente, un diagnóstico de REEDAS de septiembre del año pasado, analizó que “16 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos sobre ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Sin embargo, no todos fijan procedimientos transparentes con pasos necesarios para una atención de salud segura, de calidad y oportuna”. Una línea paralela fue atravesada por la Red de Aborto Sin Barrerascuando refirió que “hasta septiembre de 2017, apenas 10 de las 24 jurisdicciones han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras 6 regiones dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Río Negro. Las 8 jurisdicciones restantes – Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán– no cuentan con normas locales”.

No obstante, en junio de 2017, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) planteó en una publicación que “las estimaciones recientes indican que ocurren 460.000 abortos inducidos por año. La única información disponible es el número de hospitalizaciones por complicaciones de aborto en los establecimientos públicos del país -en la que no se distingue entre abortos espontáneos y provocados- y representa sólo una fracción del total de los abortos que ocurren anualmente”. Agregó que “cada año alrededor de 100 mujeres mueren por complicaciones de abortos inseguros en la Argentina”.

Por su parte, otro informe de organizaciones conjuntamente con el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires arrojó que “se calcula que en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones” anuales. De este total, “alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años”.

En este sentido, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anuncióen agosto del año pasado la creación de un registro de muertes ocurridas por abortos clandestinos en Argentina. Los datos se recopilan de medios gráficos y digitales de todo el país, mismo accionar que despliega ya MuMaLá con las cifras de feminicidios que recoge en su Observatorio de la violencia contra las Mujeres “Ni Una Menos” desde junio de 2015.

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