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Elecciones: ¿está protegida la Argentina de las Fake News?

¿El escenario electoral argentino puede verse minado por Fake News por medio distintas plataformas digitales? ¿Tiene cómo defenderse? ¿Qué intereses tocaba el proyecto para regular a los proveedores digitales que tenía media sanción, y acaba de perder estado parlamentario? ¿Qué dice el proyecto que el oficialismo buscará aprobar en Diputados el 8 de mayo?

Con las Fake News sucede un fenómeno singular: aparece en boca de los comunicadores, atraviesa elecciones, se convierte en motivo de ponencias en congresos, y, sin embargo, “un poco menos de la mitad de los argentinos conoce o ha oído el término de ‘Fake News’ o ‘Noticias Falsas'”. La afirmación pertenece a la encuesta nacional dada a conocer por la consultora Gustavo Córdoba & asociados en agosto de 2018.

En esa medición emerge otro elemento clave: según los encuestados, “sobre el origen de las noticias falsas, Facebook predomina como fuente de Fake News (41%), seguido por portales web de noticias y Twitter, 16, 4% y 12,7%, respectivamente”. Por último, concluye que “la mitad de los argentinos considera que las redes sociales deberían moderar los contenidos falsos”.

Las elecciones realizadas en Brasil en 2018, fueron la antesala de un debate que crece en Argentina. Cientos de miles de noticias falsas se difundieron por medio de Whatsapp, al punto que la propia empresa eliminó cuentas consideradas sospechosas, como la del propio hijo de Jair Bolsonaro, en ese momento candidato. Para hacerlo, la aplicación evaluó la cantidad de mensajes enviados, la repetición de los contenidos, si éstos incitaban al odio o eran de carácter ofensivo, y examinó también el número de veces que había sido bloqueado un usuario por otros interlocutores. Entonces, cabe preguntarse: ¿puede ocurrir lo mismo en los comicios locales de este año? ¿El escenario electoral argentino puede verse minado de Fake News por medio distintas plataformas digitales?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dio diferentes pasos en este sentido para enfrentar el problema: primero, emitió la Acordada extraordinaria Nº66 en agosto de 2018, por medio de la cual creó el Registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias; segundo, patrocinó un acuerdo con Twitter y Facebook, firma a la que pertenecen Instagram y Whatsapp.

Los acuerdos de la CNE son en el marco del proyecto “Voto informado”, por medio del cual pretende “fomentar la participación ciudadana y la transparencia”. En el caso del “Memorándum de entendimiento con Twitter“, establecieron que la finalidad es expandir la colaboración respecto a “los servicios de Twitter y la CNE, a fin de promover un adecuado flujo de información del Proceso Electoral 2019 en Argentina para todos los usuarios de Twitter”. Asimismo, la red social del pajarito proveerá la plataforma para la transmisión de los debates de cara a la elección presidencial; lanzará un hashtag personalizado de la CNE y difundirá las actividades de ésta, entre otras cosas. Nada dice de las Fake News.

En el caso del “Memorándum de Cooperación entre Facebook” y la CNE, acordaron la salida de un recordatorio del día de la elección; la creación de un botón de “‘Votante Informado’ que Facebook lanzará en su plataforma antes del Día de la elección para usuarios en Argentina que tengan más de 16 años”. A esto añadieron que “todos los sitios web externos enlazados a un botón de redirección en la plataforma de Facebook deberán ser previamente aprobados por Facebook”. Este señalamiento responsabiliza a la red social respecto de adónde conducen los enlaces que circulan con contenido sensible para el acto eleccionario. Tampoco hace referencia alguna a las noticias falsas.

Sin embargo, la página 6 de la mencionada Acordada 66 sí lo hace, al indicar que “el éxito para contrarrestar la manipulación de contenido y restaurar la confianza en las redes sociales -sin socavar la libertad en Internet y de los medios- llevará tiempo, recursos y creatividad. Los primeros pasos en este esfuerzo deberían incluir educación pública dirigida a enseñar a los ciudadanos cómo detectar noticias y comentarios falsos o engañosos”.

A propósito de esto, el espíritu del oficio elaborado por la CNE fue incluido en el proyecto de Financiamiento Político, que cuenta con media sanción en el Senado y el 8 se debatirá en Diputados. Uno de los puntos principales del proyecto trata de la rendición de cuentas a la CNE. El organismo ordenó la creación del mencionado registro de las cuentas oficiales de redes sociales, sitios de Internet y demás canales digitales de comunicación de los partidos y sus candidatos, que luego deberán justificar su campaña digital. Al día siguiente de presentarse las listas, los apoderados de los partidos políticos tendrán que confirmar que los sitios web y los perfiles de redes sociales son auténticos. Los senadores incorporaron la obligación de que Facebook y Google deban brindar respuestas con celeridad: “A esta altura de los acontecimientos, seríamos muy ilusos si realmente creemos que esa producción y transmisión de una información deliberadamente falsa es producida y distribuida por personas aisladas sin una organización detrás. Estas prácticas organizadas requieren de mucha financiación, de consultoras expertas en comunicación y de la complicidad de las grandes empresas de comunicación digital; ya que el contenido falso se propaga rápidamente a través de Facebook, servicios de mensajería como WhatsApp, en plataformas como Twitter, Instagram y en buscadores como Google y demás herramientas de propagación masiva. (…) Justamente para reproducirlos con velocidad y eficacia se desarrollan a través de trolls y bots. Ya los políticos, los periodistas, la sociedad y hasta la justicia reconoce la existencia de los denominados ‘trolls’ que actúan en coordinación para amplificar informaciones falsas de políticos”.

A partir de lo dicho, cabe preguntarse: ¿con qué herramientas jurídicas cuenta Argentina para evitar lo que sucedió en otros países? ¿Qué dice la legislación comparada al respecto?

Prevención o sanción

Tras precisar que “Argentina no se encuentra totalmente protegida porque no hay ninguna normativa general, que encuadre las Fake News para que no afecten al proceso electoral”, el abogado Andrés Gil Domínguez, consultado por Dato Duro, sostuvo que no conviene ni la regulación abusiva del Estado, que puede generar una limitación irrazonable de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación, ni la autorregulación, que puede generar afectaciones al honor, a la vida, sin ningún tipo de resguardo a las mismas. Tiene que haber una regulación razonable del Estado, o una nueva conformación de lo que sería el rol del Estado regulando este tipo de comunicaciones que son las digitales”.

El 28 de junio de 2018, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, durante la cena mensual de ADEPA, se quejó de la falta de regulación que pesa sobre Argentina en este aspecto, marcando un matiz clave al subrayar que “(…) no se trata de las redes sociales en general, porque las redes sociales en general no presentan muchos problemas. El problema es el control que se hace sobre las redes sociales. Es decir, el problema está centrado en la capacidad que tienen distintas empresas de monopolizar o de condicionar, o de guiar, o de controlar dentro de internet. Entonces, la mayoría de las legislaciones que han estudiado el tema y de los autores que lo están desarrollando se enfocan en este problema. Por lo tanto, no es un problema general de libertad de expresión; es un problema de control de los operadores de internet y cuál es su funcionamiento”.

Lorenzetti explicó que, por la tradición jurídica argentina, regular al emisor es prácticamente imposible: hay que ir por los motores de búsqueda y las redes sociales, como Google o Facebook. De aquí que desplace el eje: “No es un problema general de libertad de expresión; es un problema de control de los operadores de internet y cuál es su funcionamiento”.

Sin embargo, esta no es una postura unánime, tal como lo deja en claro el comunicado emitido en conjunto por la Asociación por los Derechos Civiles, el Coletivo Brasil de Comunicação Social y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. El planteo expone la disyuntiva, ya que por un lado cuestionaron las “iniciativas legales que – de manera ilegítima y/o desproporcionada – tratan de imponer a las plataformas responsabilidades y obligaciones que las convierten en jueces o policías privados sobre los contenidos de terceros que pueden circular en internet, sin orden judicial ni debido proceso, con amenazas de sanciones”; mientras que, por el otro, remarcaron que resultan preocupantes las “decisiones propias de las plataformas –o iniciativas legales que las avalen- que las transformen en los jueces o policías privados de lo que es falso o verdadero, o de lo que es “inapropiado”, “indecente” o “violento”, deciden la invisibilización, bloqueo o remoción de esos contenidos, violando principios fundamentales de derechos humanos”. Su propuesta es ir en dirección de elaborar un proyecto de regulación democrática, adecuada e inteligente que “sea capaz de asegurar entornos regulatorios adecuados para proteger los derechos humanos ante las acciones de los gigantes tecnológicos, en particular, para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información y una internet libre y abierta”.

Retornando a la ponencia de Lorenzetti, después de señalar que la encrucijada es prevención o sanción, el ex presidente de la Corte hizo especial hincapié en uno de los problemas que enfrenta cualquier país a la hora de legislar al respecto: ¿cuál es la definición de Fake News?

Esta dificultad es la que llevó al Comité Digital, Cultura, Medios y Deporte (Digital, Culture, Media and Sport Committee) de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, en su informe de 2017, a recomendarle al Gobierno británico reemplazar el término “Fake News”, por el de “información errónea” (misinformation) y “desinformación” (disinformation). Si así lo hicieran, subrayaron, se lograría un significado acordado que serviría como base a la hora de regular.

En Argentina, esta discusión todavía está por darse, ya que no hay ningún tipo de normativa al respecto. Los riesgos son diversos, como, por caso, el señalado por la investigadora Maite Alvado en una columna publicada en Página 12,al alertar sobre la orfandad a la que quedan expuestos los ciudadanos ante este tipo de fenómenos: “¿Será posible la interposición de un amparo por parte del elector que se considere afectado en su libertad en los términos del artículo 10 del Código Electoral, obligando al magistrado a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento? ¿Es aplicable el artículo 140 que dispone la penalización al ‘que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo’?”.

Esto último fue descartado por el mencionado Domínguez, porque “el (artículo) 141 del Código Electoral no es aplicable a causa de que en el Derecho Penal está prohibida la analogía. Ese tipo penal está pensado para una acción directa de engaño, y no para una acción indirecta como son las Fake News. Si se quiere optar por la penalización, habría que crear un tipo penal especial”.  

México versus Francia

Alemania y Francia se convirtieron en la primera avanzada para intentar cercar a las Fake News.

Sintéticamente, la ley alemana exige a los proveedores de redes sociales crear un mecanismo para que el ciudadano pueda denunciar noticias falsas y, a la vez, poner en práctica un sistema de control eficaz. Se lo conoce como una forma de gestión preventiva.

En tanto que Francia se encuentra más enfocada en lo electoral. La ley aprobada en 2018 crea el Consejo Superior Audiovisual, el cual, entre sus facultades, puede “negarse a cerrar un convenio previsto para la distribución de un servicio relevante de la competencia” si esta prohibición es necesaria para salvaguardar el orden público o si está en vista de su naturaleza misma la programación de una cadena que pueda influir sobre el orden público”. En el articulado hay referencias al peligro institucional y las campañas de desestabilización, lo cual remite a las palabras del presidente Manuel Macron cuando, en enero de 2018, definió a Sputnik y Russia Today como “órganos de influencia” del régimen ruso durante los periodos electorales.

Por otro lado, México representa a los países que buscan lograr un acuerdo con las grandes plataformas mediante algún mecanismo o procedimiento que impida que las Fake News afecten el proceso electoral, o bien que las exponga. Por caso, de cara a las elecciones de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) celebró un acuerdo con Facebook, Twitter y Google, con el propósito de neutralizar las noticias falsas. Luego, se lanzó “Verificado 2018”, proyecto elaborado por 60 medios, para detectar noticias falsas y, en simultáneo, analizar si las propuestas de los candidatos eran verosímiles.

En este contexto, en Argentina, en octubre de 2016, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Sistemas de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para regular a los intermediarios en internet, considerados como tales a los proveedores de Internet (Fibertel, Arnet, Speedy, Telecentro, etc), a los de servicios de publicación de contenidos (Facebook, por ejemplo), proveedores de servicios de comercio electrónico (Mercado Libre) y proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos (Google).

A pesar de que contaba con la aprobación del Senado de la Nación, ya que la iniciativa partió de un proyecto conjunto entre Federico Pinedo (PRO) y Liliana Fellner (FpV), no alcanzó. Tampoco sirvió el comunicado emitido en apoyo por “organizaciones de la sociedad civil y académicos apoyan y recomiendan aprobación de proyecto de responsabilidad de intermediarios en Internet”.

Una de las voces críticas que se levantó fue la del abogado Martín Leguizamón, quien logró llevar el caso de Belén Rodríguez contra Google a la Corte Suprema de Justicia, la cual resolvió que la actividad de los buscadores de internet se encuentra amparada por la libertad de expresión.

Leguizamón sostuvo: “Las tecnológicas tardan mucho en sacar contenidos injuriantes. Estamos perdiendo la oportunidad de crear una ley que sea fácil y sencilla de utilizar por las verdaderas víctimas de las nuevas tecnologías. Cualquiera te puede difamar en un blog anónimo. Las tecnológicas deberían tener una pena monetaria por no eliminar contenidos de manera adecuada y tiene que estar claro de cuánto es el monto en la ley”

Lo cierto es que el proyecto no avanzó, y el 27 de febrero de este año perdió estado parlamentario. Con las críticas a cuestas, el proyecto rezaba que los “proveedores de servicios de internet no serán responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando, habiendo sido debidamente notificados de una orden judicial de remoción o bloqueo, dictada en los términos del artículo 6° de la presente ley, omitan dar cumplimiento a la misma, en el plazo correspondiente”.

Comenzado el año electoral y con la elección a Presidente de la Nación en ciernes, Argentina sigue ofreciendo flancos débiles que impiden garantizar la transparencia de los comicios.

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