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El cepo de la Corte a las escuchas

Semana judicial corta, a raíz de los dos feriados. Las disposiciones del Máximo Tribunal ante el descontrol con el que circulan las escuchas telefónicas, se robaron todo el protagonismo.

A lo largo de 16 fojas la Corte Suprema dio a conocer la Acordada Nº17/2019, por medio de la cual estableció límites concretos a las escuchas telefónicas por medio de órdenes judiciales.

En un contexto marcado por la difusión de conversaciones y en pos de resguardar la privacidad, tomando como jurisprudencia el fallo Quaranta, los supremos subrayaron que “solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos”.

Pero el texto no se detiene ahí, puesto que el Máximo Tribunal advirtió que la obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial y su divulgación “no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública”.

Un párrafo clave es el que comunica el pedido que le hizo a la Comisión Bicameral a cargo de controlar la oficina de escuchas: “Que, como es de público y notorio conocimiento, diversas filtraciones de captaciones telefónicas provocaron la difusión masiva e indebida de comunicaciones personales. Ante ello, esta Corte solicitó a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en el marco del convenio antedicho, que llevara a cabo una auditoría sobre la DAJuDeCO. Esta Comisión elevó a esta Corte un diagnóstico el día 13 de mayo de 2019”.

Al final de las consideraciones, subrayaron lo relacionado con el castigo: “Resulta pertinente recordar que, conforme al derecho vigente, todos los intervinientes en el proceso de captación de las comunicaciones cuya intervención se haya dispuesto por aplicación del art. 19 de la ley 25.520 o en el marco de un proceso penal están sujetos, en caso de violación del secreto y confidencialidad debidas, a las sanciones previstas, según el caso, en el Código Penal y en la mencionada ley 25.520”.

Luego, la Acordada dispone una serie de puntos que deben cumplir las escuchas de ahora en más.

A)La interceptación de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional. Será ordenada con criterio restrictivo atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito.

B) La orden judicial será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos. No podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos

C) La interceptación y captación son medidas esencialmente provisionales. La intervención de comunicaciones se ordenará por un plazo razonable determinado, pudiendo ser renovado expresando los motivos que justifican su extensión conforme a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado.

D) La interceptación y captación de comunicaciones es un eslabón de una cadena que comprende las subsiguientes etapas de (i) almacenamiento, (ji) traslado, (iii) incorporación al proceso y (iv) destrucción en los supuestos previstos por la ley. Una falla en cualquiera de las etapas afecta la confiabilidad de todo el sistema

Escobar

El juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Morón, dispuso el procesamiento de otro imputado en la causa por lavado de dinero en la que también son investigados la viuda y el hijo de Pablo Escobar y el ex futbolista colombiano Mauricio Serna.

Se trata de José Bayron Piedrahita Ceballos, a quien se le dictó además la prisión preventiva. El magistrado ordenó el decomiso definitivo de bienes.

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