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El juez que quiere que los jubilados paguen Ganancias, Techint y el procesamiento de CFK

¿Qué supremo votó en desacuerdo con que los jubilados queden exentos de pagar el Impuesto a las Ganancias? ¿Qué jueces votaron en disidencia, al considerar que no prescriben los daños causados por delitos de lesa humanidad cometidos tanto por el Estado como por los particulares que fueron “cómplices”?¿Qué modificó la Cámara en la confirmación del procesamiento de CFK? Dato Duro repasó las principales novedades de la justicia en esta semana.

En un fallo fundamental, que retoma el precedente del caso María Isabel García contra AFIP, esta semana la Corte Suprema declaró en otros once casos la inconstitucionalidad del cobro a los jubilados del Impuesto a las Ganancias.

En la acordada del martes, los supremos enfatizaron que “la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja”.

Quien no estuvo de acuerdo fue el presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, para quien “las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de las actoras. Tomó en cuenta la reforma de la ley 27.346 que introdujo modificaciones en el gravamen, contemplando una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22”.

Techint

El jueves, la Corte Suprema consideró, por mayoría, que las acciones laborales destinadas a obtener la reparación de daños derivados de delitos de lesa humanidad, están sujetos a los plazos de prescripción de la normativa aplicable.

Fue en la causa en la que María Gimena Ingegnieros demandó a Techint S.A. “con el objeto de obtener una reparación fundada en la ley 9.688 (de accidentes de trabajo) por la desaparición forzada de su padre, Enrique Roberto Ingegnieros, quien prestaba servicios en dicha empresa como técnico dibujante. La actora relató en su demanda que la desaparición forzada de su padre tuvo lugar el 5 de mayo de 1977 a manos de ‘un grupo de tareas dependiente del Gobierno Nacional”, “en horario de trabajo y en las instalaciones laborales’”.

La mayoría fue conformada por los votos de los Ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Por su parte, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia afirmando que el deber de reparar los daños derivados de los delitos de lesa humanidad, que pesa tanto sobre el Estado que los cometió como sobre los particulares que actuaron como cómplices, no se extingue por el paso del tiempo.

CFK, procesada

La Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por los documentos históricos hallados en su domicilio.

Los camaristas precisaron que no se discute que la ex mandataria nacional tenía en su poder “una carta autógrafa del general don José De San Martín a su amigo Bernardo O’Higgins, escrita en París durante su exilio,   fechada   el   26   de   diciembre   de   1835,   doble   faz,   con   acrílico protector,   en   estuche   de   madera y un prontuario de Hipólito Yrigoyen,   con   sus   actividades   desde   el   año   1906   al   1910,   sin   tapa, compuesto de ciento veintidos (122) fojas, junto a un cd en un estuche, con la inscripción prontuario H. Yrigoyen digitalizado”.   Lo que se juzga es si formaron parte del robo acaecido en 1981 en el Archivo Nacional de Chile, mientras que en el caso del prontuario pretenden dirimir si se encontraba o no a resguardo en la División Legajos Personales de la Policía Federal Argentina.

En un eventual juicio oral, Fernández no deberá dar explicaciones en juicio oral por encubrir un robo -tal como era la imputación que había hecho el juez Claudio Bonadio-, sino por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Báez, a juicio oral

El juez Julián Ercolini elevó a juicio oral otro tramo de la causa “Vialidad”, la cual alcanza a exfuncionarios de Vialidad y a los empresarios Martín Báez, Sergio Passacantando, Sandro Férgola y Myriam Costilla, entre otros. En esta causa se investigan irregularidades en la adjudicación de obras viales al Grupo Austral, propiedad de la familia Báez, en la provincia de Santa Cruz.

AMIA

Esta semana, se inició el juicio oral contra Carlos Telleldín en la causa por la conexión local del atentado a la AMIA.

En el Tribunal Oral Federal Nº3 , Telleldín está imputado como consecuencia del acondicionamiento y entrega de la camioneta Trafic presuntamente utilizada para el atentado ocurrido en 1994.


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