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Ficha limpia: ¿qué es? ¿Desde cuándo se debate en Argentina?

Tomando el caso de Brasil, hay cinco iniciativas en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué estipulan? ¿Quiénes no podrían ser funcionarios o candidatos? ¿Por qué se buscaría avanzar recién después del 22 de junio?

El 4 de junio de 2010, fue promulgada, en Brasil, la ley “Ficha limpia“, que, en los hechos, modifica la Ley Nº64, de 1990. Casi dos años después, en febrero de 2012, fue declaradaconstitucional por el Supremo Tribunal Federal. Paradójicamente, quien la promulgó fue el entonces presidente Luiz Inacio Da Silva, quien hoy se encuentra detenido.

Fundamentalmente, la norma establece que no podrán ser elegidos los candidatos que “fueren condenados, en cosa juzgada o en decisión proferida por órgano judicial colegiado, en razón de la práctica de crímenes contra la economía popular, la fe pública, la administración pública y el patrimonio público; contra el patrimonio particular, el sistema financiero, el mercado de capitales y los previstos en la ley que regula la quiebra; y contra el medio ambiente y salud pública”.

Cabe tener en cuenta que el origen de Ficha Limpa fue un proyecto de iniciativa popular, que colectó firmas de más del 1% de los electores brasileños (1,6 millones de personas). El impulsor fue el abogado y ex juez Márlon Reis, cara visible de la organización civil Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral.

¿En Argentina puede ocurrir lo mismo?

En el país se intentó recorrer el mismo camino por medio de la plataforma digital Change.org, pero solo obtuvieron 167 mil “simpatizantes”, tal como los identifica la página. El caudal de firmas fue presentado en el Congreso Nacional el 3 de abril de este año.

Gastón Ignacio Marra es quien viene motorizándolo en Change.org, donde también impulsa la candidatura de José María Campagnoli como procurador general de la Nación.

Dentro del Congreso Nacional, la diputada Carla Carrizo (Evolución) es una de las principales voces en favor del proyecto presentado en 2017, para modificar el artículo 1 de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y el 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298.

No permite que se presenten:

a) Las personas condenadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional;

b) Las personas condenadas por los delitos establecidos en el Título VIII del Código Penal de la Nación “Delitos contra el Orden Público”, Título X del Código Penal de la Nación “Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional” y Título XI del Código Penal de la Nación “Delitos contra la Administración Pública”.

Idéntica formulación proponen que se incluya en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. El objetivo es que corra tanto para quienes son funcionarios como para aquellos desean ser candidatos. Una condena en segunda instancia impediría ambos casos.

Uno de los ejemplos que se toma es el del ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, a quien buscaron inhabilitar para competir en las elecciones de 2017. Sobre el ex mandatario pesaba una condena por la denominada “Causa Armas”, sobre el contrabando de pertrechos bélicos a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1993, cuando ambas tenían vedada la compra de esos elementos. En ese momento, la Corte Suprema dictó jurisprudencia indicando que no estaba firme el fallo. El núcleo de su fundamentación fue que el Pacto de San José de Costa Rica exige una condena firme para impugnar a un candidato, no así para quitarle los fueros.

Según la diputada nacional Marcela Campagnoli, en Brasil fue tal la dimensión de la iniciativa social que 2045 candidatos se bajaron aún antes de que fuera sancionada.

El tema fue retomado, el último viernes, en la Feria del Libro por las mencionadas diputadas Carrizo y Campagnoli, en un debate en el que también participaron Silvia Lospenatto (PRO) y Carla Pitiot (Frente Renovador). Lospenatto anticipó que las cinco iniciativas que en este momento hay en la Cámara baja serán retomados en la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 22 de junio, fecha del cierre de las listas, para que “no haya ninguna sospecha”.

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