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Financiamiento político: ¿de qué se trata?

Las modificaciones en el financiamiento de la política establecen un marco de transparencia para los aportes de campaña. ¿Qué cambió? ¿Cómo fue hasta ahora?

Luego del caso de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y de la causa sobre los aportes irregulares de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, las diferentes fuerzas políticas abrieron el debate para modificar la ley de Financiamiento Político.

Sin embargo, el tratamiento del proyecto, que obtuvo dictamen en las respectivas comisiones a fines de 2018, se fue postergando hasta mediados de abril, cuando se obtuvo media sanción.  El debate en la Cámara baja se dilata ya que el oficialismo no encontraba consenso sobre un punto: el regreso de las donaciones empresarias a las campañas, lo que fue prohibido en 2009.

¿Cuáles son los puntos débiles de la legislación actual?

La ley de financiamiento político tiene al menos cinco problemas que conspiran contra la transparencia:

1) La falta de control.

2) La utilización de los fondos que se asignan para la impresión de boletas.

3) Los fondos para realizar pauta publicitaria.

4) Los recursos destinados a la web y publicidad virtual que no tienen ningún tipo de monitoreo.

5) El aporte privado.

Para el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) la ley es endeble, fundamentalmente, por cuatro aspectos.

  1. Su opacidad: le ley actual impide que los votantes conozcan quién apoya a los candidatos.
  2. Es inequitativa: porque encubre al poder económico que busca influenciar la política pública.
  3. Es una amenaza para la integridad porque genera el riesgo de atraer dinero de la corrupción y otras actividades ilícitas.
  4. Es ineficiente porque anula el efecto nivelador que se busca con los aportes públicos y porque cuando el dinero se mueve en efectivo, no hay forma de garantizar que los fondos que se donan y se recaudan se destinen a la campaña.

Por su parte, la Fundación Red de Acción Política (RAP) compuesto mayoritariamente por dirigentes oficialistas agrega otras debilidades:

1)La falta de efectividad de los órganos de ejecución y de control.

2) La ineficacia del régimen de sanciones.

3) La legislación actual es inadecuada o insuficiente en el ámbito de muchas de las provincias.

¿Qué cambiaría?

La media sanción del Senado de la Nación aprobó los siguientes puntos:

A) La bancarización total de los aportes a los partidos.

B) La eliminación de los pagos en efectivo, algo que permitirá identificar a los aportantes.

C) Se permitirán los aportes de las empresas, pero ninguna agrupación política podrá recibir de una misma persona física o jurídica más del 2% de los gastos admitidos en una campaña.

D) No se permitirán contribuciones anónimas, ni de gremios, ni de municipios, ni de empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas; ni de proveedores de la Nación, las provincias o los municipios; ni de quienes exploten juegos de azar.

E) Se legisla sobre el destino de la publicidad digital, para favorecer “a los medios nacionales” por sobre plataformas como Google y Facebook;

F) Se amplía la prohibición de actos de gobierno que induzcan al voto, de los actuales 15 a 25 días previos a la elección, y se reduce el tiempo de avisos de publicidad audiovisual que los medios deben ceder a los partidos en tiempos de campaña, de 10% a 5%.

¿Por qué no hay consenso?

Si bien la iniciativa es avalada por legisladores de Cambiemos, de Argentina Federal y del Frente Renovador;  Unidad Ciudadana, Red por Argentina -compuesto por ex  Frente Renovador y Movimiento Evita- y el Frente de Izquierda, se pronunciaron en contra, fundamentalmente, porque no están de acuerdo en la habilitación de los aportes de las empresas.

Por su parte, la Coalición Cívica también planteó su disidencia , aunque anticiparon que la cuestión será objetada en el tratamiento en particular, pero respaldada a la hora de la votación en general.

¿Qué ley se modifica?

En 2009, se dictó la Ley 26.571, llamada “Ley de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, que es la norma vigente.  El actual sistema prevé tres tipos de modalidades de financiamiento: institucional (partidos políticos), de precampaña (elecciones primarias) y de campaña.

La actual mantiene, como regla general, un sistema mixto de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales (similar al que existe en la mayoría de los países de la región) basado en una combinación de subsidios públicos –tanto directos como indirectos– y aportes de carácter privado. Cada una de estas tres modalidades de financiamiento está sometida a reglas especiales en cuanto a los montos, origen y transparencia del movimiento de fondos. 

Situación actual

La falta de control es uno de los principales déficits para mejorar el accionar de los partidos políticos. Fundamentalmente, porque el Cuerpo de Auditores cuenta a la fecha con apenas siete auditores y un coordinador. Para tomar dimensión: Durante las elecciones intermedias, recibió 3727 informes financieros para analizar.

Por otro lado, el letargo de la justicia favorece que los partidos políticos diseñen presentaciones ante la justicia para “blanquear” el dinero utilizado en la campaña. Dos años después de la última elección presidencial, la jueza María Servini no aprobó los gastos de las campañas presidenciales de las alianzas Cambiemos, FpV, Unidos por una Nueva Argentina (UNA) y Compromiso Federal por no haber podido explicar el origen de los fondos de sus campañas. La problemática es transversal: los 32 partidos del orden nacional presentaron irregularidades en relación con la ley de financiamiento.

En la Argentina, las represalias son las sanciones que prevé la Ley Nº 26.215 que tiene como pena máxima la pérdida del derecho a recibir todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de uno a cuatro años.  Según datos de la Cámara Nacional Electoral –CNA-, la multa más severa en la última década fue de 256. 000 pesos al FpV, la fuerza que recibió mayores apercibimientos: 47 multas. Le siguieron la Coalición Cívica con 15 sanciones, la UCR, con 11 y el PRO, con 6.

Otras formas de recaudar

Las impresiones de boletas son el rubro donde las fuerzas políticas obtienen mayor dinero.  En la última elección presidencial el Estado aportó más de 180 millones de pesos para que los partidos puedan contar con los recursos suficientes para la impresión de boletas.  Como el reparto de los fondos según la ley es por cantidad de votos recibidos, en las elecciones de 2017 el FpV fue el más favorecido con 64 millones.

Desde la fiscalía con competencia electoral a nivel federal, que conduce Jorge Di Lello, reconocieron a Dato Duro que el principal problema es la imposibilidad que tienen para comprobar la cantidad de boletas, porque además de los fondos que el Estado destina para la impresión, las fuerzas vuelcan sus propios recursos para el mismo fin. Ergo, es prácticamente imposible saber cuál es el número real de boletas que maneja cada fuerza política.

Si bien la reforma de 2009 equilibró el reparto de pauta oficial y obligó a los partidos políticos a devolver aquellos fondos públicos que no fuesen utilizados para la campaña, la pauta oficial fue durante muchos años una enorme fuente de recursos para que esos recursos tengan otros fines.  Distribuida de modo discrecional por el oficialismo, generó el efecto de “cancha inclinada”, un modo de dotar de mayores recursos a aquellas fuerzas que son oficialismo para que obtenga ventajas electorales.

Un análisis de la Fundación UADE mostró que el reparto de publicidad oficial entre 2000 y 2017 superó los 51 mil millones de pesos.  Las imponentes cifras se mantuvieron hasta la última elección intermedia de 2017, en la que el Poder Ejecutivo destinó casi 3000 millones de pesos.

Financiamiento 2.0

En la actualidad, los recursos destinados a la web y publicidad virtual, prácticamente, no tienen ningún tipo de monitoreo. En efecto, es muy común ver que las fuerzas políticas suelen contratar encuestadoras, estudios de focus group, informes con análisis políticos, entre otros. La falta de legislación en las campañas por internet se ha tornado un verdadero problema, no solo para la Argentina, sino a nivel global.

Una nueva ley

María Page, investigadora de Instituciones Políticas de CIPPEC señaló que, para fortalecer la ley, la prioridad debe ser “prohibir el efectivo y hacer que los partidos declaren las donaciones cuando las reciben”. En este sentido, el CIPECC, propone algunos puntos para regular el financiamiento de campañas en el país:

1)Prohibir los aportes en efectivo.

2)Permitir la reversibilidad de los aportes para que las agrupaciones políticas puedan rechazar contribuciones que estén prohibidas por ley o de los cuales no puedan demostrar su origen.

3) Disponer un mecanismo de declaración en línea y de monitoreo de las actividades partidarias y de campaña.

4)Agilizar la apertura y operación de las cuentas y subcuentas y la habilitación de pago mediante tarjetas de crédito y medios electrónicos

5)Ampliar el período de campaña.

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