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Iron Mountain, a cinco años: ¿y la causa?

El expediente judicial se encuentra paralizado. Los familiares están divididos, en medio de acusaciones cruzadas. ¿Había indicios de irregularidades que permitiesen anticipar los riesgos? ¿Qué había en las cajas quemadas? ¿Por qué la empresa figura dentro del Distrito Tecnológico? ¿A quién denuncian por la pinchadura de teléfonos y”aprietes”?

A las 8.05 de la mañana del miércoles 5 de febrero de 2014, Juan Manuel Colombain llamó al 911 al notar que salía humo de la planta de Iron Mountain, cuya entrada daba a la calle Azara 1245. Diez minutos después, llegaron distintas dotaciones de bomberos y personal de Prefectura Naval Argentina y de la Guardia de Auxilio y Defensa Civil del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras intentaban derribar un portón para poder ingresar y sofocar el fuego, a las 9.04 la pared de siete metros del depósito que daba hacia Jovellanos se desplomó, causando el fallecimiento de diez personas (ocho bomberos y dos rescatistas).

Ese día murieron los bomberos Maximiliano Martinez, Matias Monticelli, Damian Véliz, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Leonardo Day (Bomberos Policía Federal), Sebastian Campos y Facundo Ambrosi (bomberos del Cuartel Vuelta de Rocha); además de los rescatistas de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.

La causa

Más de 5 años después, la causa se encuentra estancada a la espera de una decisión de la Cámara de Casación sobre si los familiares, que están divididos, pueden ser querellantes a pesar de haber llegado a un acuerdo económico.

Una de las caras visibles entre las víctimas es Rolando Monticelli, padre de Juan Matías. Para él, “al sacarnos como querellantes lo que buscan es limitar la responsabilidad y evitar el juicio oral”.

Consultada por Dato Duro, Liliana Barícola, hermana de Pedro, señaló que en su caso la principal traba es que tanto ella como su hermana son consideradas denunciantes colaterales, a lo que hay que sumar que la esposa de Pedro aceptó los 250 mil pesos que abonó a cada familiar Iron Mountain, lo que les impide avanzar en la responsabilidad civil: “La mayoría de las que aceptaron son esposas. Hermanos y padres seguimos querellando, como es el caso de Monticelli. En nuestra familia, hoy solo puede participar de la querella la hija de Pedro, que tiene ocho años”. Barícola contó que el equipo de apoyo psicológico apareció cuando se produjeron las muertes, y recién volvieron a ponerse en contacto un año y medio después, cuando la madre de Pedro y Liliana ya había fallecido. Asimismo, como en el caso de Monticelli, que denunció las amenazas de Juan José Gómez Centurión, en ese momento titular de la Agencia Gubernamental de Control, Liliana indicó que “tuvimos los teléfonos pinchados. ¿Que cómo lo supe? Porque sentía ruidos de fondo en el teléfono fijo de mi casa de Tortuguitas, y después me lo dijo mi abogado. Aparte de que a mi hermana la persiguieron en la calle”.

El último movimiento en la causa sucedió en 2018, cuando el juez Pablo Ormaechea, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 18, procesó sin prisión preventiva a 12 ex funcionarios y cinco directivos de Iron Mountain por “incendio culposo seguido de muerte”, a la par que los embargó por una suma que oscila entre $7.000.000 y los $ 20.000.000.

Cuando se cumplieron cinco años, los familiares difundieron esta producción que realizaron en conjunto con Radio Gráfica.

¿Y el Estado?

Aquel 5 de febrero, rápidamente, el gobierno de la Ciudad salió a desligarse. En principio, fue el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro (actualmente diputado nacional), el encargado de calificar lo sucedido como una “fatalidad”, a lo que añadió que la planta estaba habilitada y que el fuego “aparentemente hizo presión sobre la pared. Esto hizo que cediera sobre los bomberos, rescatistas y personal de Defensa Civil que estaban sobre la vereda y la calle”. Abonando esa teoría, la primera fiscal de la causa, Marcela Sánchez, dirigió exclusivamente su mirada a la empresa, casi sin enfocar la responsabilidad de los funcionarios porteños que debían controlar el estado del edificio y el potencial peligro que corrían quienes trabajaban allí. Esa línea de investigación, con algunos matices, sería replicada por la fiscal Romina Monteleone cuando quedó a cargo de la investigación.

Como sobre varios de los clientes de Iron Mountain pesaban acusaciones por acciones ilegales, como lavado de activos, evasión tributaria y defraudaciones, entre otros delitos, se tejieron hipótesis relacionadas con la intencionalidad de los hechos. Justamente esto enfocó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que se dispuso a analizar el contenido y tipo de información que personas, empresas y bancos tenían en el depósito incendiado.La unidad conducida, en ese momento, por Carlos Gonella requirió información sobre el material quemado tanto a Iron Mountain como a 43 de las firmas más afectadas por el siniestro, entre las que se encontraban: Edesur S.A.; ADT Security Services S.A.; Exxonmobil Business; SCA S.R.L.; Mercado Llibre S.R.L.; Deloitte & Co S.R.L.; MAPFRE Argentina; Seguros S.A.; Swiss Medical S.A.; HSBC-NYL Seguro de vida Argentina S.A.; Máxima S.A. AFJP; Anuntis Segundamano Arg. S.A.; BNP Paribas Sucursal Bs. As.;  Fideicomiso Revel; Caja de Valores S.A.; Pluspetrol S.A.; Asociart S.A.; Aseguradora riesgo trabajo; Adecco Argentina S.A.; Glaxosmithkline Argentina S.A.; Tele Red Imagen S.A.; Pelikan Argentina S.A.; La Caja ART S.A.; Directv Argentina S.A.; Edenor S.A.; Telefónica de Argentina S.A.; Galeno Argentina S.A.; Arcos Dorados S.A.; Servicio electrónico de pago S.A.; Alpargatas Calzados S.A.; Cervecería y Maltería Quilmes S.A.; Jumbo Retail Argentina S.A.; Caja de Seguros S.A.; HSBC Bank Argentina S.A.; Monsanto Argentina S.A.I.C.; HSBC – La Buenos Aires Seguro S.A.; Banco Santander Río S.A.; Telecom Personal S.A.; Esso Petrolera Argentina S.R.L.; Cargill S.A.C.I.; Ministerio de Desarrollo Social; Telefónica Móviles Argentina S.A.; Generali Corpor. Cia. Arg. Seg. S.A.; JP Morgan Chase Bank Sucursal Bs. As.; Aerolíneas Argentinas S.A.; y Banco Patagonia S.A.

Una de las cajas que rápidamente atrapó la atención de los investigadores era la que estaba rotulada como “Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)”. La misma pertenecía a Sideco Americana, la empresa de la familia de Mauricio Macri. Ese punto negro se agravaría, ya que en el informe se dejó establecido que el apoderado de IMSA, Guillermo Rivarola, avisó que esa caja no se encontraba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Área Operativa de Mercado de Capitales planta de Barracas, sino en la planta que está en el barrio de La Boca. Formalmente precavida, la Procelac dejó a entrever la lectura que hacía: “(…) asumiendo que, si bien no es posible afirmar apodícticamente que la documentación de Sideco Americana se vincula con un delito, tampoco resultaba posible sin más descartarlo, con fecha 21 de abril de 2014 se remitieron antecedentes a la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, a los fines de su sorteo y posterior remisión al juzgado que corresponda, por entender que podrían dar cuenta de la existencia de un delito de acción pública”.

Lentamente, la imagen de Iron Mountain comenzó a sufrir grietas. Se supo que, sobre el final de la gestión de Jorge Telerman,  por medio de la Resolución N°453, del 17 de mayo de 2007, firmada por el ex ministro de Ambiente Juan Manuel Velasco, quedó asentado el “incumplimiento” en la planta de la calle Zaraza, en Villa Lugano, por no”contar con un plan de contingencia para casos de incendio, firmado por un profesional idóneo”. También, constaba la falta de un plan de gestión de residuos sólidos y de señales sonoras y/o visuales para el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento.

Mientras la fiscal se centraba en los incumplimientos de la empresa y la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, respaldada por la pericia de la Policía Federal-en ese momento faltaba la de la Universidad Tecnológica Nacional-, los familiares de las víctimas comenzaron a apuntar contra el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión. Sin importarles la reticencia de Sánchez, empezaron a prestar atención a lo que testimoniaba, por ejemplo, el inspector porteño Edgardo Castro, quien no sólo responsabilizaba a la gestión de Mauricio Macri por lo ocurrido en la planta de Barracas sino que también describía cómo era el sistema de la Ciudad para cobrar retorno en el control de todo tipo de obras y emprendimientos.

Al cumplirse el primer aniversario del incendio en la planta de Iron Mountain y ante la lentitud de la causa, públicamente los familiares responsabilizaron al macrismo. A la par, Castro profirió duros cuestionamientos contra la fiscal Romina Monteleone, a quien consideró “cómplice” de la empresa y el Gobierno, por el desarrollo de la investigación.

Sobre la planta incendiada, el inspector contó que en 2008  “efectivicé la clausura mediante un acta. Después, había que convalidarla por una disposición del director. Eso se hace a efectos de que no haya abusos por parte del inspector actuante. Pero eso nunca ocurrió”. Cuando trascendieron estas declaraciones, Monteleone emitió un comunicado para desmentir a Castro: “El Ingeniero Edgardo Castro, inspector del G.C.B.A., nunca inspeccionó en el año 2008 el depósito de la firma Iron Mountain que resultó siniestrado. Al respecto, se informa que el propio GCBA inició un expediente administrativo, bajo el nro. 2450435-MGEYA-DGSUM-2014, el cual fue aportado en copias a la Fiscalía. Del mismo se desprende que ninguna de todas las inspecciones realizadas por aquél durante dicho año, las que fueron detalladas en un pormenorizado listado que consigna día, hora y lugar de cada inspección realizada por aquél durante el 2008, fue en el mencionado depósito. (…)Estas circunstancias, que inicialmente fueron consideradas por el GCBA como una confusión por parte del inspector, le han sido informadas en el marco del mencionado sumario, lo que da la pauta que, en la actualidad, aquél tiene pleno conocimiento de la falsedad en la que incurre al dar a la población información espuria en torno a una inspección que jamás llevó a cabo. Es por estos motivos que jamás se lo citó a prestar declaración testimonial, dado que no tiene nada que aportar en torno al siniestro ocurrido en el depósito de la calle Azara”.

A esto, Castro contestó: “Que la fiscal se base en el registro de uno de los responsables del asesinato me parece un acto de parcialidad absolutamente manifiesto”.

Todo se había enrarecido apenas concluido el incendio. En ese momento, en alusión a los días posteriores al siniestro, en el programa de Rolando Graña, Castro anticipó:

-No vaya a ser que hayan desaparecido las actas’. Yo ya sabía que habían desaparecido, pero si después las hacen aparecer te dejan como un mentiroso. Hay algo que la fiscal no responde: yo dije que puse los números de faja de clausura, y esos números de faja tienen un registro que está asociado con un acta. Entonces, si yo requiero las fajas, firmo un libro donde las retiro. Si yo no las utilizo, las tengo que devolver, y si no las devuelvo es porque no las afecté a un acta.  O sea que no me puedo afanar las actas. O las usé o las devuelvo. Esto está registrado.

En esa línea, el inspector explicó que cuando va a inspeccionar Iron Mountain venían de de hacer otra clausura: “Pongo las fajas de clausura, hago las actas, que tienen que ver con las condiciones de seguridad del edificio. Hago las actas y se las llevo a mi superior de ese momento, Fernando Cohen, por entonces coordinador de Higiene y Seguridad, a quien le pido la disposición de clausura. La norma dice que tiene que haber una disposición que avale o rectifique tu acción como inspector, para que no clausures porque se te canta. Al día siguiente, Cohen me dice: ‘No se van a hacer las actas, me lo pidieron de arriba’. Eso implica que el ministro se lo pidió. Después, termina confesando que fue Montenegro, por lo que las actas desaparecen”. Refutando a Monteleone, el inspector porteño dijo que lo que la fiscal decidió obviar es que el acta puede desaparecer, pero el número de faja no, por eso queda registrado. No obstante, añadió otro elemento para sostener su relato: “Yo me había olvidado, pero buscando información, mi compañero Oscar Seguel me recordó que había sido mi chofer ese día de la clausura de Iron Mountain, lo que está declarado en otra causa”.

En relación con lo ocurrido en Iron Mountain, en mayo de 2015, cuando Gómez Centurión fue interpelado por los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico, Bodart le preguntó:

-¿Por qué creo que estamos discutiendo acá la responsabilidad del Estado? Porque hay muchas muestras de que no se cumplimentaron las normas para que ese edificio estuviera en condiciones de soportar un incendio, y eso es responsabilidad de la Ciudad que para eso tiene los controles necesarios para evitar que esto pase. Supongamos que no fue intencional el incendio, pero lo mismo: no estaban las condiciones y fallecían los agentes. En ambos casos hay responsabilidad estatal, por no haber instrumentado los controles. ¿A usted no le parece raro que se haya perdido el expediente, pero que al mismo tiempo en la Subsecretaría de Trabajo hay inspectores que vienen diciendo que en el año 2008 esto no tenía que estar habilitado y también se perdieron todos esos expedientes? En dos secretarías distintas, completamente distintas, sobre este hecho se ha perdido todo. (…) Estamos en una Ciudad donde permanentemente, por h o por b, hay muertes, que si la cosa se hiciera de la manera correcta se podrían evitar.

Gómez Centurión respondió con una evasiva:

-Cuando habla de los niveles de peligrosidad, me parece que es un tema demasiado serio como para redondearlo por arriba. El riesgo es una matriz de análisis que tiene dos variables: nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia. Sobre eso se diseña la curva del riesgo. Una ciudad como Buenos Aires, como cualquier ciudad del mundo, el riesgo nunca es cero. ¿Cómo tiende a cero? Con legislación, con controles…si esta ciudad no tuviera los controles que tiene, no tuviera la legislación que tiene, el riesgo sería muchísimo más alto de lo que es hoy. 

Premio

En 2009, Iron Mountain fue beneficiada por el ministro Francisco Cabrera, “por ser una de las tres primeras empresas inscriptas en el Registro de Empresas TIC de la Ciudad de Buenos Aires”. En ese sentido, el Gobierno contempló su ingreso al Distrito Tecnológico, a pesar de que no se dedicaba a ningún desarrollo tecnológico para que, así, pueda recibir exenciones en ABL e Ingresos Brutos y con el acceso fácil a créditos blandos. Uno de los apuntados fue un ex asesor de Álvaro Alsogaray y ex HSBC, donde trabajó entre 1994 y 2007, Carlos Pirovano, quien se desempeñaba como subsecretario de Inversiones porteño. Pirovano y Cabrera propusieron en 2010 una ampliación del Distrito, para que pudieran ingresar los barrios donde Iron Mountain tenía depósitos, que no formaban parte de la exención impositiva. El 9 de abril de ese año, se celebró una audiencia pública convocada por la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña para escuchar las opiniones de los interesados sobre la ampliación de la ley que, en 2008, creó el Distrito Tecnológico. Además de Pirovano y Cabrera, disertó Guillermo Lockhardt, director de Iron Mountain, quien puso a su empresa como “ejemplo del desembarco de la industria TIC en el barrio”. Como resultado, Iron Mountain continuará, hasta 2019, eximida con el 100 por ciento del pago de Ingresos Brutos en la ciudad. Tampoco pagará el ABL hasta 2029.

Las cajas

En Iron Mountain se encontraron 20 cajas pertenecientes al HSBC con el rótulo “lavado de dinero“, de acuerdo a un análisis de la Procuraduría Antilavado sobre legajos de clientes aportados por la empresa de archivos. La información es confusa, ya que la firma manifestó que las cajas afectadas fueron 26.326. El HSBC[ le comunicó al Banco Central que perdió 30.499 cajas y la Procelac recibió la notificación de que fueron 30.732. A su vez, el HSBC dijo que no tenía un back up de lo que guardaba en Iron Mountain. De acuerdo con el trabajo confeccionado por la Procelac, había al menos 9 cajas  con el membrete “LAVADO DINERO”; una con el que decía “LAVADO DINERO PREMIER” y otra “LAV DINERO REPROCES”. Así las cosas, la destrucción de ese material generó luego demoras en las investigaciones contra Gabriel Martino, presidente del HSBC, y los centenares de argentinos con cuentas sin declarar. Recién en marzo de 2017, la jueza de Primera Instancia en lo Penal Económico N° 11, María Verónica Straccia, confirmó la validez de la prueba que diera origen a la causa conocida como “cuentas suizas”. Meses después, Straccia dictó los primeros procesamientos.

HSBC ocupa el segundo lugar entre los mayores damnificados por el incendio. El primero es el Banco Patagonia, que de las 65.705 cajas que tenía se le quemaron 57.015, el 86%. El Patagonia le informó al Banco Central que no tenía respaldo de toda esa documentación. Lo notable es que era investigado junto a JP Morgan, Merrill Lynch y el Grupo Estrada por lavado de activos, asociación ilícita, administración fraudulenta y publicación de balances falsos. Esta denuncia se inició con los aportes del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que en 2009 se autodenunció en Argentina.

Perdido

En el escrito, Monteleone apuntó fundamentalmente a Iron Mountain, acotando la responsabilidad del Estado, sobre el cual recayó solamente por la falta de inspecciones en el período 2008-2012 y la impericia de los encargados de llevarlas a cabo, dejando de lado, como si careciese de importancia, el extravío del expediente de habilitación. La fiscal calificó de “imprudente” el trabajo de quienes debían controlar la planta, para luego apuntar contra Edgardo Nardi, quien, después de que Norberto Ventura Sosa presentase su Informe de inspección, debía comunicar las observaciones efectuadas a la Dirección General de Fiscalización y Control. Esto, supuestamente, reduciría el riesgo inherente a un lugar donde se mantenía depositado material inflamable. Pero Nardi “no adoptó ninguna medida o acción al respecto”, a lo que añadió que “no se ha podido acceder al expediente de habilitación por haber informado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el mismo se extravió”. Por otro lado, enfatizó que, a raíz de que esa planta ya contaba con tres inspecciones en las que se habían identificado alertas sobre cuestiones de seguridad- fundamentalmente la última, en la que había detectado nuevamente que la estiba superaba la altura reglamentaria-, tenían la obligación de verificar si se habían subsanado los desperfectos. Por último, subrayó que resultaba “inexplicable” la no ejecución de inspecciones, notando que, después de que durante seis años se rechazase el plan de evacuación para casos de incendio, no había justificación alguna para que se actuase así. 

La representante del Ministerio Público Fiscal pidió que también se indague a Matías Nicolás Griffo -inspector de la División Prevención- y a Raúl Arbor –comisario Inspector que se desempeñaba como jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales- de la Policía Federal. Ambos están sospechados de haber incurrido en un acto de corrupción para obviar los pasos pertinentes de la habilitación facilitando que “en un solo día se presentaron los planos, se realizó la verificación in situ, se confeccionó el informe técnico y se emitió el certificado de aprobación” del depósito siniestrado. En la maniobra también habría participado Aldamiz Echeverría, quien gestionó el trámite como apoderado de Iron Mountain.

En lo atinente a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Monteleone solicitó la citación de los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP), Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi. El primero porque “se hallaba obligado a verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad, obró un modo sumamente negligente y con una grave impericia en el desarrollo de su actividad (…) en virtud de haber contribuido a la creación de un riesgo de incendio peligroso para terceros”; mientras que el segundo “ocupaba el cargo de Director General de Habilitaciones y Permisos y, consecuentemente, también el de Presidente del Consejo Ejecutivo del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones”, por lo cual “tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias que los PVH pudieran efectuar sobre las anomalías detectadas en los locales y remitir lo actuado a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o al Consejo Profesional respectivo, de ser necesario, con el fin de considerar la eventual aplicación de las penalidades pertinentes”.

En cuanto a las autoridades locales de Iron Mountain, en el dictamen, Monteleone fue directamente contra Lockhart por la ausencia de los planes necesarios ante eventuales siniestros. El ejecutivo fue responsabilizado a causa de su negligencia: “La realización de maniobras que tenían por finalidad inducir a error a la administración no resultan una novedad para Lockhart. Como ya se expresara, Iron Mountain nunca obtuvo la aprobación por parte de Defensa Civil del Plan de Evacuación para casos de incendio del depósito de Azara. Sin embargo, luego de ser denegado por primera vez el 5 de mayo de 2009 por repetir roles y falta de capacitación al personal, y de confirmarse la decisión al rechazarse el recurso intentado por la empresa, Lockhart se presentó en el mes de abril de 2010 solicitando su renovación. En los años sucesivos, puntualmente los años 2011, 2012 y 2013, quien se presentó ante ese organismo a solicitar la renovación fue Héctor Eduardo García”.

En marzo de 2018, cuando acababan de cumplirse 4 años del derrumbe, el juez Pablo Ormaechea procesó a directivos y responsables de Iron Mountain: Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart, Héctor García, y Christian Castiñeiras. Lo propio hizo con ex funcionarios porteños: Vanesa Berkowski; Rafael Roldan; Pedro Luis Chapar; Roberto Chiesa; Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; Felix Raimundo Lugo; Jorge Néstor Papanicolau; Ricardo Edmundo Grunfeld; y Alberto Daniel Graciani. Los familiares cuestionaron que quedaron fuera los principales responsables políticos.y

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