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Lobby contra la ley de Lobby: ¿por qué no sale?

El proyecto oficial quedó trunco a fines de 2018. El cabildeo de los privados no se encuentra regulado. El Registro de Audiencias es opaco. ¿Cómo es el modelo de Estado Unidos y Chile?

El 19 de abril de 2017, por enésima vez se anunció,en este caso por parte del Gobierno, la presentación de un proyecto de ley que buscaba regular la gestión de intereses. En otras palabras, del lobby. Quien estaba detrás de esta iniciativa era el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Entre otros ejes, creaba un registro de lobistas y la obligación de que los integrantes de los tres poderes dejen registradas sus audiencias.

En ese momento, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Adrián Pérez, manifestó: “Este proyecto de ley en el cual venimos trabajando hace tiempo es un avance muy significativo ya que contribuirá a generar más transparencia en la relación público-privada y a los ciudadanos les permitirá tener a disposición la información sobre los asuntos públicos que se tratan en cada una de las dependencias del Estado”.

Era tal el empuje del oficialismo que en la página Argentina.gob se creó una entrada anunciando el proyecto. Luego de su fallido derrotero, esa entrada tira error.

En la letra del proyecto, la gestión de intereses era definida como “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública”. En tanto que el gestor de intereses era descrito como aquel que “ejerza de manera habitual u ocasional la gestión de intereses en un marco determinado por estos principios rectores: igualdad de trato y publicidad de los actos de gobierno”.

Desde el Gobierno salieron a defender públicamente la propuesta: “Yo creo que el lobby o la gestión de intereses tiene que estar regulada y así como decía que el financiamiento tiene que estar blanqueado, la gente tiene que saber quién financió, cuánto aporte real hay, en el lobby pasa lo mismo. Lo importante es que la ciudadanía conozca cuándo hay una empresa que está gestionando un interés. Eso no necesariamente es ilegal, pero tiene que ser transparente. Eso requiere una ley que regule que todas las gestiones de intereses que se llevan desde el sector privado, todo el lobby que se hace, sea conocido por el ciudadano y para eso tiene que haber un registro de audiencias tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo, porque allí también se toman muchas decisiones y en el mundo es una caja de resonancia importante”.

Asimismo, en septiembre de 2018 se anunció que en el Senado se estaban debatiendo, en comisión, tres proyectos. Se trataba de los trabajados por los senadores Miguel Ángel Pichetto y Magdalena Odarda y también el de la exlegisladora Liliana Negre de Alonso. Sintéticamente, proponían la creación de un registro de lobistas y la obligación de blanquear las reuniones por parte de funcionarios. Los de Pichetto y Odarda restringían su campo de acción al Poder Ejecutivo, dejando al margen el Legislativo y el Judicial.

Pero nada pasó. Ninguno de los tres llegó al recinto y, actualmente, se encuentran cajoneados.

El mundo

En Estados Unidos, el lobby es una actividad desarrollada por personas que se encuentran acreditadas para tal fin. Hay un registro de lobistas que se puede consultar y un código de conducta. A nivel federal está regido por la ley Lobbying Disclosure Act, de 1995, la cual fue perfeccionada por otras normas.

Asimismo, en 2006, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó el Libro verde. Iniciativa europea a favor de la transparencia, por medio del que busca controlar y visibilizar la actividad de los actores con capacidad de presión. Para esto, elaboró un registro de agentes y un código de deontología para estos.

En Sudamérica, Chile reguló el lobby en 2014, por medio de la ley 20.730. La norma tiene tres ejes, los cuales deben registrarse y darse publicidad:

  • Las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública.
  • Los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones.
  • Los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario.

Argentina

En la Argentina, el lobby no tiene ley, se encuentra en un limbo. En 2003, por medio del Decreto N.º 1172 se reglamentó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la gestión de intereses en busca de dar forma a “mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración”. Por un lado, su cumplimiento fue defectuoso. La letra de la norma reza que uno de sus objetivos era que “se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información”. El macrismo activó el Registro Único de Audiencias, herramienta útil a pesar de que la información que brinda resulta escueta y esquemática. En ese sitio se puede acceder a las reuniones que desde diciembre de 2015 mantuvieron el presidente y los diferentes funcionarios del Ejecutivo nacional.

Es tal la fragilidad que, en las últimas semanas, los centenares de funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación registraron menos de 25 audiencias.

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