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Macri y CFK, en Comodoro Py

Dato Duro realizó una radiografía de cada una de las causas en las que aparecen el Presidente y la principal referente de la oposición. ¿De qué trata cada una? ¿En qué estado se encuentran?

Después de la asunción del presidente Mauricio Macri, en los sucesivos meses se produjo una seguidilla de sobreseimientos en causas que el mandatario traía de sus períodos como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: fue absuelto en la de las escuchas ilegales, en la iniciada por el accionar de la ex UCEP y en el de la represión en el lugar donde funcionaba el “Taller Protegido N° 19”, dependiente del Hospital Borda.

Quedó en pie la causa vinculada a la denuncia realizada, en 2015, por quienes figuraron como receptores de pauta oficial, a pesar de que ello no fue así. Titulares de medios de diversas provincias señalaron públicamente que nunca la recibieron o, en todo caso, el monto era inferior. El expediente, motorizado por el fiscal federal Federico Delgado y que recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, fue cerrado por el magistrado a pesar de que, incluso en 2016, Delgado requirió que se desarchivase la causa iniciada en 2010 tras una denuncia de la Coalición Cívica contra el entonces funcionario porteño Gregorio Centurión, por el manejo de la pauta. En marzo de este año, el fiscal apeló, pero Germán Moldes, fiscal ante la Cámara, desistió de sostener el recurso de apelación ante la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal.

No obstante, apenas llegado a la Casa Rosada, se destapó Panamá Papers, la investigación por medio de la cual se dieron a conocer los documentos del buffet de abogados panameño Mossack Fonseca. Macri fue denunciado por su participación en las sociedades off shore Fleg Trading y Kagemusha. Un año después, en abril de 2017, el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente. El magistrado remitió la causa al Juzgado de Instrucción N°20 por considerar que, como las off shore habían sido disueltas o dadas de baja y solamente quedaba investigar las supuestas omisiones en las declaraciones juradas del Presidente, debía quedar en manos del fuero Penal Económico. El fiscal Delgado apeló esa decisión ante Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña. Finalmente, esta cerró la causa con las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun en agosto de 2017.

En febrero del año siguiente, se conoció el intento de condonación de deuda que tenía Sideco Americana, por la explotación del Correo Argentino SA, con el Estado nacional. A fines de marzo comenzaron las indagatorias. Entre los imputados no figura Mauricio Macri, pero la causa es sensible porque la contraparte es su familia y los acusados son funcionarios de su Gobierno, tal como es el caso del en ese momento ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y del subsecretario Juan Manuel Mocoroa, entre otros. A fines de marzo de 2019,  la Procuraduría de Investigaciones Administrativas demandó  a la Presidencia de la Nación y a la Procuración General del Tesoro ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, con el objetivo de  lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria contra los agentes del entonces Ministerio de Comunicaciones que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma Correo Argentino SA. En abril de este año, la Sala B de la Cámara Comercial autorizó la realización de una pericia contable de los libros comerciales de Sideco y Socma, empresas de la familia del Presidente , para determinar si se desviaron fondos de Correo Argentino SA a las compañías del holding.

A partir de la sanción de la Ley Nº27.260, que incluye el Régimen de Sinceramiento Fiscal y la ampliación a familiares de funcionarios, el diputado nacional Felipe Solá  presentó, en diciembre de 2016, un amparo para que el Artículo 6 sea declarado inconstitucional porque que viola el espíritu de la ley. En febrero de 2017, el juez Ernesto Marinelli no hizo lugar al planteo de Solá y rechazó suspender el decreto, sin decidir sobre su constitucionalidad. Después, el recurso fue rechazado por la jueza María Biotti, porque consideró que Solá no tenía legitimación para presentar la denuncia. Sin embargo, los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, le dieron la razón y ordenó que se analice si el blanqueo para familiares es inconstitucional. Finalmente, la jueza María José Sarmiento, dos semanas antes de su jubilación, la consideró abstracta, con el argumento de que el blanqueo ya había finalizado. A partir de esa decisión judicial, Solá presentó la denuncia  ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, a la par, requirió al Grupo de Acción Financiera (GAFI) para pedir que evalúe las políticas locales contra lavado.

Luego de que el juez Daniel Rafecas desestimase  la denuncia, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que se investigase el Memorándum con Qatar ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró  que el recurso de Ochoa era improcedente y detentaba una falta de fundamentación.

Por impulso del fiscal Jorge Di Lello, Macri fue acusado de irregularidades en laexplotación del espacio aéreo, junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y otros empresarios. En su requerimiento de instrucción, describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de 16 rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico que por entonces era liderado por Franco Macri, fallecido el 2 de marzo de 2019. En febrero de 2018, el juez Sergio Torres requirió a Sideco y Socma registros contables, contratos y documentación para investigar si existieron incompatibilidades con la asignación de rutas aéreas. En agosto de ese año, el magistrado archivó por inexistencia de delito dos de las partes en la que está dividida la causa.

CFK

Con Cristina Fernández pasó a la inversa: fue procesada en once oportunidades luego de que concluyó sus dos mandatos como presidenta.
La particularidad es que nueve procesamientos fueron dictados por el juez federal Claudio Bonadio. En abril de 2019, los pedidos de prisión preventiva llegaron a cinco.

El senador nacional Federico Pinedo (PRO), y el presidente del bloque de diputado de la UCR, Mario Negri  denunciaron, en octubre de 2015, la compra de dólar futuro. La presentación subrayó que el objetivo era la venta de dólares a futuro a un precio menor que el de mercado, por lo que el Estado fue perjudicado por un monto de 54 mil millones de pesos. Por esta razón, Fernández está acusada del delito de “administración infiel” en perjuicio del Estado. También fueron procesados el exministro Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli. Bonadio elevó la causa a juicio oral en marzo de 2017. Aún sin fecha de inicio, el responsable será el TOF 1, integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico.

La causa Los Sauces se inició el 4 de abril de 2015 por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, quien sostuvo que se habría usado recibir coimas a cambio de obra pública, las cuales se habrían solapado como inversiones inmobiliarias. En 2016, el hotel boutique fue cerrado luego de que Bonadio dispusiese la intervención de la firma. En abril de 2017, el juez dictó el procesamiento de CFK, por asociación ilícita y lavado de activos. La causa fue elevada a juicio oral por Julián Ercolini en octubre de 2018. Aparte de la ex mandataria, incluye como acusados  al diputado nacional Máximo Kirchner y a su hermana Florencia, y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. Aún no se conoce cuándo comenzará el juicio oral ni qué tribunal lo llevará adelante.

El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a la exmandataria, junto a su entonces canciller Héctor Timerman,  responsable de firmar un acuerdo con Irán, de haber encubierto a los iraníes sospechados de participar del atentado a la AMIA. El acuerdo, que nunca entró en vigencia,  fue aprobado por el Congreso de la Nación. En tanto que, las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes acusados, nunca fueron dadas de baja, como se denunció. La causa que había sido archivada, tuvo su reapertura el 29 de diciembre de 2016. La Sala I de Casación Penal compuesta por Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos ordenó desarchivarla y apartar de la investigación a los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y  Daniel Rafecas. En 2017,Bonadio pidió la prisión preventiva y el desafuero de Kirchner. El procesamiento se realizó por los delitos de traición a la patria y encubrimiento, la Cámara Federal solo mantuvo la segunda acusación y confirmó la prisión preventiva. Es porque la expresidenta habría promovido la impunidad de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, a través de un pacto de entendimiento con Irán. En marzo de 2018, Bonadio la elevó a juicio oral, el cual quedó a cargo del TOF 8, compuesto por Gabriela López Iñíguez, Jorge Tásara y Sabrina Namer, quien, como se desempeñó como miembro del equipo de fiscales que reemplazó a Nisman en la UFI-AMIA, fue reemplazada por José Michilini.

En 2008, Elisa Carrió denunció irregularidades en la asignación de 52 contratos de obras públicas viales a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez. En marzo de 2018, el juez federal Julián Ercolini la elevó a juicio oral.  Inicialmente, iba a comenzar el 26 de febrero, pero por problemas de salud de Tassara fue postergado para el 21 de mayo.

En la causa Hotesur, el planteo es similar al de Los Sauces, ya que las acusaciones apuntan a que se habría implementado el mismo mecanismo, pero, en esta oportunidad, a través del hotel que la familia Kirchner tiene en El Calafate. Se las acusa de haber lavado dinero a través de un alquiler fraudulento de las plazas hoteleras. La denuncia la presentó Margarita Stolbizer luego del informe televisivo del programa Periodismo para todos. Tras el apartamiento de Bonadio, el expediente quedó en manos de Julián Ercolini, quién procesó, en mayo de 2018, a Cristina Fernández por lavado de activos y asociación ilícita. En febrero de 2019, la elevó a juicio oral.

A la causa que se inició a partir de las notas escritas en cuadernos por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación, se la conoce con ese nombre porque comenzó con la aparición de los cuadernos (luego se supo que solo quedaron las fotocopias, ya que los originales fueron destruidos) en los que Centeno tomó nota sobre cómo su jefe trasladaba dinero y se reunía con distintos funcionarios y empresarios. En cambio el CIJ la denomina como el caso de “corrupción en el ex Ministerio de Planificación”. Salió a la luz el 1 de agosto de 2018, cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones y allanamientos. En la causa se investiga una asociación ilícita, presuntamente liderada por la ex presidenta, dedicada al cobro de coimas vinculadas con el reparto de obras públicas. La actual senadora de Unidad Ciudadana fue procesada como jefa de esta asociación. Se le imputaron, además, los delitos de admisión de dádivas y cohecho pasivo. El fiscal es Carlos Stornelli. Sus colegas en otros expedientes, como Franco Picardi, Gerardo Pollicita o Paloma Ochoa, pidieron a Bonadio los legajos de los arrepentidos, conforme a la información que se obtuvo por sus declaraciones y que se relacionan con las causas que estaban siendo investigadas por ellos.

La causa por el supuesto ocultamiento de documentos históricos se inició tras los allanamientos en las propiedades de Cristina Kirchner en Santa Cruz, que el juez Bonadio dispuso en el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia por corrupción en el ex Ministerio de Planificación Federla. Bonadio procesó a Cristina por “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”. En el allanamiento en su casa de El Calafate se encontró una carta escrita por José de San Martín y el prontuario del expresidente Hipólito Yrigoyen. El fiscal de esta causa es Stornelli.

En 2014, a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich se inició la causa por las irregularidades en la compra de cargamentos de gas natural licuado entre 2008 y 2013, motivo por el cual procesó y dictó prisión preventiva para De Vido y Baratta. En marzo de este año, Bonadio amplió el procesamiento de Cristina Fernández por cohecho y defraudación a la administración durante el proceso de importación. Por otro lado, fue imputado por falso testimonio el perito en petróleo David Cohen, quien sostuvo que hubo maniobras en la compra de gas licuado con sobreprecios por parte de De Vido y sus funcionarios, contradiciendo pericias que no encontraron nada irregular.

Claudio Bonadio dictó otros dos procesamientos con prisión preventiva contra la senadora Fernández en esta ocasión por presuntas irregularidades en la transferencia de subsidios públicos a empresas de trenes y colectivos. La causa analiza la trama de potencial corrupción del transporte público, en donde la  expresidenta es acusada de ser la jefa de una organización ilícita secundada por el exministro De Vido, y los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.  El mecanismo se habría realizado a través de la entrega de subsidios irregulares a empresas ferroviarias, en una de las causas, y de transporte público automotor, en la otra. A todos ellos, Bonadio les fijó un embargo de 800 millones de pesos. Ambas investigaciones están derivadas de la causa de los cuadernos del chofer de Baratta. El juicio oral comenzará el 21 de mayo.

Por último, de la causa de los cuadernos también se desprendió otra, en este caso por el uso de aviones de la flota presidencial para el envío de diarios a su casa de Santa Cruz. Para el juez Bonadio, “se realizaban con regularidad vuelos con aviones de la flota presidencial a las ciudades de Río Gallegos y/o El Calafate, provincia de Santa Cruz, con el único fin de llevarles a los nombrados los diarios del día. Asimismo, algunas personas hicieron alusión al traslado de otros elementos destinados a los hoteles que la familia presidencial tenía en la ciudad de El Calafate”. Uno de los principales testigos fue Sergio Velázquez, quien fuera piloto de Néstor Kirchner y el único habilitado a trasladarlo. La ex presidenta fue procesada.

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