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Mariano Federici, del FMI a la UIF

Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, lo designó al frente de la Unidad de Información Financiera. ¿Cómo es su trayectoria? ¿De dónde proviene? ¿Representa un caso de puerta giratoria?

En su curriculum vitae no lo oculta: Mariano Federici fue asesor del FMI y, además, fue consultor externo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, ligada a Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico, según la impugnación de CIPCE, “se dedica precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”.

Federici fue nombrado por Mauricio Macri el 25 de enero de 2016. El 3 de abril de 2016, el nombre de Mauricio Macri apareció en los Papeles de Panamá. Se generaron controversias por el rol que tuvo la UIF –organismo creado por la Ley 25.246, para detectar y controlar el delito de lavado de dinero- en esa causa.

La UIF le entregó al juez Sebastián Casanello un informe en el que se asegura que no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva. Casanello se declaró incompetente en la causa y, apoyado en el informe de la UIF, remitió la causa al Juzgado de Instrucción N°20 por considerar que, como las off shore habían sido disueltas o dadas de baja, solamente quedaba investigar las supuestas omisiones en las declaraciones juradas del Presidente. Finalmente, la Sala II de la Cámara cerró la causa con las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun en agosto de 2017.

Desde la Oficina Anticorrupción (OA) analizaron su nombramiento y llegaron a la conclusión de que “no se encontrarían inhabilitados por la Ley 25.188 para ser designados como Presidente y Vicepresidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA”.

Sin embargo, para el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, como se dijo, el nombramiento debería cuestionado porque “Mariano Federici, además de ser asesor del Fondo Monetario Internacional, es consejero externo de la Fundación FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera), presidida por Marteau. Esto puede verificarse fácilmente en la página web de la Fundación: www.finint.org/es/autoridades/. FININT sirve, en definitiva, para agrupar al conjunto de profesionales que junto con Marteau se dedican a brindar asesoramiento a personas y empresas investigadas por lavado de activos”.

Agustín Carrara, director ejecutivo del CIPCE, justificó su impugnación: “La razón de la impugnación tiene que ver con un conflicto de intereses que es más complejo que una relación laboral que puede interrumpirse y así desactivar la incompatibilidad. Se da lo que en Estados Unidos llaman ‘la puerta giratoria’, que refiere a profesionales que se desempeñan en la actividad privada que pasan directamente a controlar lo mismo por lo que hasta ayer defendían a sus clientes y que el día de mañana pueden volver a la actividad privada como si eso no causara ninguna merma al interés público. Creemos que esta designación viola la ley de lavado, la ley de ética pública, el código de ética en la función pública.

A su turno, Federici hizo su descargo en respuesta a su vínculo con Marteau, subrayando que a él “lo une un respeto intelectual y ético, por la visión compartida sobre los objetivos que deberían guiar el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos y el terrorismo”.

Con todo,  durante su gestión al frente de la UIF, se sancionó la Ley Nº27.260, que incluye el Régimen de Sinceramiento Fiscal y la ampliación a familiares de funcionarios. Allí se ajustaron al blanqueo familiares del presidente, entre ellos, Gianfranco Macri.

Por ese motivo, el diputado nacional Felipe Solá presentó, en diciembre de 2016, un amparo para que el Artículo 6 sea declarado inconstitucional porque que viola el espíritu de la ley. En febrero de 2017, el juez Ernesto Marinelli no hizo lugar al planteo de Solá y rechazó suspender el decreto, sin decidir sobre su constitucionalidad. Después, el recurso fue rechazado por la jueza María Biotti, porque consideró que Solá no tenía legitimación para presentar la denuncia. Sin embargo, los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, le dieron la razón y ordenó que se analice si el blanqueo para familiares es inconstitucional. Finalmente, la jueza María José Sarmiento, dos semanas antes de su jubilación, la consideró abstracta, con el argumento de que el blanqueo ya había finalizado. A partir de esa decisión judicial, Solá presentó la denuncia  ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, a la par, requirió al Grupo de Acción Financiera (GAFI) para pedir que evalúe las políticas locales contra lavado.

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