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En Salta, había que pagar para conocer el patrimonio de los funcionarios

Hasta el miércoles, conocer el patrimonio de los funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey podía costar casi 3 mil pesos. Después de la nota de Dato Duro y Salta Transparente, por medio de la Resolución 61, acceder a la información pública debe ser gratis

De Gonzalo Guzmán (Salta Transparente)

*Modificada

De acuerdo al cuadro tarifario de la Escribanía de Gobierno de la provincia de Salta, a cargo de Graciela Galíndez, y suponiendo que las declaraciones juradas de los funcionarios que integran el Gabinete de Juan Manuel Urtubey tengan una extensión de 5 fojas cada una, solicitar información sobre el patrimonio de sus 13 integrantes (Gobernador, Vicegobernador, jefe de Gabinete y diez ministros) tendría para el ciudadano un costo de $ 2.925 si solicita copias certificadas, y de $ 682,50 si solicita copias simples.

Esto es así desde que Galíndez impuso una “tasa encubierta” a quienes pidan acceder a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos de Salta. La medida fue establecida en mayo de 2018 a través de la Disposición 51/18, por medio de la cual fijó un cuadro tarifario “para los servicios que presta la Escribanía”.

Los aranceles fijados por esa dependencia del Gobierno entraron a regir a partir de julio de ese año y van desde los $ 20 en caso de que el ciudadano solicite sólo tomar vista de una Declaración Jurada (DDJJ) hasta los $ 200 (más $ 5 por foja) si desea obtener una copia certificada de tal información.

Dato: las DDJJ no se encuentran subidas a las páginas de internet del Gobierno de la Provincia. Se encuentran sólo  en formato papel, en libros protocolizados que son custodiados celosamente por la Escribanía de Gobierno.

Si un ciudadano quiere ver tales documentos, primero debe pagar, y, si quiere tener copias, debe pagar más.

La restricción arancelaria es ilegal

La Disposición 51 de la Escribanía de Gobierno implica una restricción al derecho de acceso a la información pública y desalienta el ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía.

El Decreto 1.547/02 establece en su artículo 5° que el acceso a la información pública es gratuito y que solo los costos de reproducción se encuentran a cargo de quién solicita la información.

En materia de acceso a la información pública está prohibido cobrar aranceles y costos adicionales.

La decisión de la Escribanía de Gobierno de cobrar para tomar vista o para solicitar copias de DDJJ en cuanto exceden su costo de reproducción, implica la imposición de una “tasa encubierta” que graba ilegalmente el acceso a la información pública, cuyo ejercicio tiene el carácter de gratuito.

En materia de acceso a la información pública está prohibido cobrar aranceles y costos adicionales al costo real de su reproducción.

De acuerdo a tal principio obtener una copia digital de la DDJJ que el Gobernador Urtubey persentó al asumir su tercer mandato no debería tener costo alguno para el ciudadano y obtener una copia papel le debería costar $ 10  (ya que $ 2,00 es el valor de una fotocopia y la DDJJ del Gobernador consta, como vimos de 5 fojas) y no $ 50, como pretende cobrar la Escribanía, en el caso de las copias simples, o $ 225 en el caso de las copias certificadas.

El cuadro tarifario impuesto por la Escribanía tiene un claro fin recaudatorio y desalienta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El pedido de Salta Transparente 

Se solicitó a la Escribanía de Gobierno que deje sin efecto el cuadro tarifario que actualmente aplica a los ciudadanos que solicitan acceso a las DDJJ de los funcionarios públicos.

Se hizo en el marco de las actuaciones iniciadas a partir de una solicitud de acceso a las DDJJ del intendente de Pichanal, Julio Jalit. En dicho expediente, se comunicó a la Escribanía de Gobierno que iniciaríamos acciones judiciales en caso de silencio o de negativa.

Resolución

Publicado este artículo, el secretario de Gobierno, Ramiro Simón Padrós, emitió la Resolución 65, por medio de la cual anuló la disposición que imponía el pago de una tasa para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios salteños.

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