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Sergio Torres, a la Corte bonaerense: ¿es constitucional?

Quienes impugnaron su candidatura arguyeron que no cumple con un requisito obligatorio en la Carta Magna provincial: dos años de residencia inmediata. ¿Es así? En 2015 y 2017, votó en Capital Federal. ¿Qué dicen los constitucionalistas? ¿Y sus declaraciones juradas? ¿Qué responden quienes aprobaron su pliego? ¿Qué clase de incompatibilidad le impidió jurar? ¿Qué le pidió la Suprema Corte a Conte Grand?

El 1 de marzo de este año, el gobierno de María Eugenia Vidal oficializó la candidatura de Sergio Gabriel Torres, actualmente titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de la Capital Federal, para ocupar el lugar que dejó vacante Juan Carlos Hitters, tras su jubilación en 2018, en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Entre el 1 de marzo y el 3 de abril de este año, cuando su pliego llegó a la Mesa de Entradas del Senado bonaerense, y, en el acto, remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por la oficialista Nidia Moirano, Torres fue impugnado por el Colegio de Abogados de La Plata y por la asociación civil Usina de Justicia, liderada por Diana Cohen Agrest. Esta organización criticó el vínculo de Torres con Raúl Eugenio Zaffaroni.

En cambio, el Colegio de Abogados de La Plata cuestionó el incumplimiento del artículo 181 de la Constitución Provincial, el cual establece: “Para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia”.

Nidia Moirano explicó públicamente que no podía darse a conocer el domicilio de Torres porque eso ponía en riesgo su seguridad y la de su familia, a causa de las investigaciones vinculadas al narcotráfico que llevó a cabo en Comodoro Py.

Pero, ¿qué dice la documentación al respecto? Por ejemplo, en la declaración jurada de 2017 no aparece su domicilio, no obstante entre las propiedades que declara, en el documento difundido por ACIJ y el diario La Nación, figuran tres inmuebles, todos en Capital Federal.

Ante la escasez de certezas, el abogado Julián Portela, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata, expresó su postura consultado por Dato Duro: “El 181 Constitución Provincial es lapidario con los dos años de residencia inmediata. Y entiendo que la residencia inmediata de dos años constituye un recaudo constitucional genérico para todo el Poder Judicial, en tanto la Constitución Provincial no excepciona en su art. 181 a ningún magistrado ni personal de ese poder (pese a la mirada ligera que se planteara en alguna designación precedente). La interpretación de dicha norma es taxativa, no puede eximirse de ella en el trámite de constatación a ningún postulante, so riesgo de hacer una selección caprichosa y arbitraria de recaudos a cumplir o a saltear. Máxime tratándose de una premisa expresa del texto constitucional (“donde la ley es clara, no cabe interpretación”) y se trata justamente del máximo cargo constitucional, es decir del último guardián de la Constitución que se jurará hacer respetar. Empezar desinterpretando o flexibilizando recaudos sería comenzar con el pie izquierdo”.

Dato: “La residencia inmediata de dos años constituye un recaudo constitucional genérico para todo el Poder Judicial, en tanto la Constitución Provincial no excepciona en su art. 181 a ningún magistrado ni personal de ese poder” .

Portela añadió que “debe recordarse que ningún recaudo formal de designación debe ser subestimado ni sobrepasado sin mayor aclaración (como cuando se oculta o subestima la prueba del cumplimiento de dicho requisito constitucional inexorable), como en algún momento ocurrió con este caso respecto a la publicidad del cumplimiento de la residencia previa inmediata. La Constitución bonaerense busca con este recaudo que se garantice que los postulados a juzgar sobre materias y personas de la provincia conozcan al menos mínimamente su dinámica y su contexto, entendiendo que solo una residencia mínima determinada e inmediata anterior a la designación lo pueden garantizar, sin mayor prueba en contrario. En este sentido, de existir aún dudas con el cumplimiento de este recaudo específico, los miembros actuales de la Suprema Corte deben previamente indagar y resolver sobre las mismas antes de tomar juramento del potencial nuevo ministro, haciendo honor a la responsabilidad judicial mayúscula de cada nuevo guardián de la Carta Magna bonaerense”.

El hecho de que la Constitución Provincial imponga “dos años de residencia inmediata” para ingresar al Poder Judicial, establece una clara diferencia en lo que se refiere a los dirigentes políticos, ya que, según explicó el constitucionalista Felix Lonigro, “un sujeto que ha nacido en una determinada provincia, por ese solo hecho, puede ser candidato a diputado o a senador por la misma. Pero si ese individuo reside en otra provincia, también puede ser candidato por esta última en la medida en que acredite dos años de residencia en ella”.

Cuando, el 3 de abril, llegó el pliego de Torres al Senado, fue tratado de inmediato por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Oficialmente, se informó que “fue refrendado por el voto de 14 miembros de la Comisión de ACA, que representan a todos los espacios con representación parlamentaria del Cuerpo. Este apoyo adquiere fundamental relevancia debido a que según consigna el reglamento de la Cámara Alta, no es posible aprobar un pliego de aspirante a Juez de la Suprema Corte sin contar con el visto bueno de todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

Contactada por Dato Duro, la senadora de Unidad Ciudadana Teresa García, quien participó de la audiencia, señaló: “Esa observación está diluida. (Ese requisito) Estaba acreditado en el expediente”.

En efecto, el pliego de Torres fue aprobado por unanimidad el 11 de abril por el Senado bonaerense.

Sin embargo, antes de que Torres preste juramento, el ex juez y precandidato a intendente de La Plata, Luis Arias, denunció penalmente a Torres y a María Eugenia Vidal, por haber falseado información relativa a su domicilio. De acuerdo con la presentación de Arias, que recayó en la fiscalía platense que está en manos de Ana Medina,”Torres habría presentado una ‘información sumaria’ ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 16 de San Isidro, el 18 de marzo de 2019, oportunidad en la que compareció manifestando que tiene ‘residencia habitual desde hace más de dos años en forma inmediata en el domicilio sito en la calle Coronel Morales 1470, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires‘, algo que corroboraron dos testigos, aunque a esa fecha, el edificio en cuestión, donde Torres habría afincado su domicilio estaba en construcción”. En su presentación, Arias señaló que el domicilio real de Torres “es en la calle P. Morán 3628, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’, de acuerdo a lo que consta ‘en el Registro Electoral (ficha completa del elector), en donde se indica que este domicilio rige al menos desde el 25-9-2008, esto es, desde hace más de diez años’”.

Según Street View, la última imagen que consta de Coronel Morales 1470 es la de un edificio en construcción en julio de 2017.

Imagen de Street View

A su vez, Arias adjuntó el Registro de Infractores de la Justicia Nacional Electoral, en el cual consta que Torres votó “en las elecciones generales del 22 de octubre de 2017 y en las primarias del 13 de agosto de 2017, en la Capital Federal. Igualmente lo ha hecho en las elecciones del 25 de octubre de 2015 y en el ballotage del 22 de noviembre de 2015, siempre en Capital Federal”.

Dato Duro corroboró este punto. Efectivamente, Torres votó en Capital Federal en la primera y segunda vuelta de 2015, luego de no haberlo hecho en las PASO; y, a su vez, sufragó en la Ciudad en los comicios de 2017.

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Por último, el ex magistrado indicó que “verificando en Google el domicilio indicado en la información sumaria (Coronel Morales 1470, de Tigre), puede advertirse que se trata de un edificio en propiedad horizontal que consta de doce pisos. Curiosamente en la información sumaria, presentada por el Dr. Torres, no se indica piso ni departamento alguno” y, al respecto, señala que “siempre a través de Google, se aprecia numerosa publicidad en relación al edificio de la calle Morales 1470. En particular, lucen fotografías de la obra en construcción, con la mención de que la captura de imágenes data del mes de julio de 2017, o sea que resulta imposible que fuera residencia del Dr. Torres desde dos años antes a marzo de 2019”.

Por otro lado, la Justicia Nacional Electoral informó que el domicilio de Torres es Pedro Morán 3628, Comuna 11, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, el 24 de abril, mediante el decreto 269, la Gobernadora oficializó su designación, remarcando que “el proceso llevado a cabo para la propuesta del Dr. Sergio Gabriel TORRES como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha permitido verificar el pleno y cabal cumplimiento de todos los requisitos constitucionales que debe reunir el candidato a cubrir dicha vacante”.

Más allá de la denuncia presentada por Arias, Torres no juró aún como juez de la Suprema Corte por la incompatibilidad registrada, debido a que no renunció en Comodoro Py. A lo que se agrega que, a causa del expediente administrativo iniciado durante el ocaso de la presidencia de Julio Pettigiani, y la mencionada denuncia de Arias, la Suprema Corte le requirió al procurador Julio Conte Grand que emita un dictamen al respecto.

El currículum de Torres

Torres, casado con la abogada Karina Fernanda Dieguez, es docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza y la Universidad de Lomas de Zamora.

Brevemente: terminó el colegio secundario en el Nacional Nº 9 “Justo J. de Urquiza”, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en 1982, año en que se convirtió en profesor de inglés en la Academia Cultural Inglesa de Buenos Aires; ingresó al Poder Judicial de la Nación en el Fuero Criminal y Correccional Federal en 1985; se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1987 y fue nombrado fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional de la Capital Federal en 1993, juez nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24 en 1994 y juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal Nº12 desde 2001. 

Por su vínculo académico con el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien prologó algunos de sus trabajos, como “Paco, una década después: Estructura de un problema y compilación normativa”(2010), y fue su profesor tutor en su tesis doctoral en la Universidad del Salvador-“Derecho Penal en Emergencia”- fue incorporado a lo que se suele denominar “garantismo” en los medios de comunicación.

En 2010, durante una entrevista con el portal Diario Judicial, Torres contó que su infancia transcurrió en Longchamps, barrio del partido de Almirante Brown. En ella, cuando le preguntaron su opinión sobre el hecho de que el fuero del que era juez se haya convertido en una “caja de resonancia política”, respondió: “Yo creo en general que la sociedad argentina se ha venido judicializando y ese sentido ha tomado conciencia que tiene derechos y los puede ejercer. Por otra parte hay un aspecto negativo que es que uno ve que hay temas que han salido del ámbito natural de donde debieran resolverse; problemas entre vecinos, problemas de familia, problemas de socios que terminan dirimiéndose en tribunales. Cada fuero tiene su resonancia a partir de los temas que le tocan. Este es un tema global de toda la sociedad y de toda la justicia en general, no solamente en el fuero federal. Esta cuestión se da en todos los fueros”.

En diciembre de 2018, fue distinguido como Embajador INADI,
“por su compromiso en la defensa y promoción de la igualdad, la lucha contra la discriminación y en la protección de los derechos humanos”.

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