dato-duro.com

Suicidios adolescentes: ¿se aplica la ley?

A pesar de que la norma se sancionó en marzo de 2015, hasta hoy no fue reglamentada. La cantidad de suicidios adolescentes creció más del 100 por ciento entre la década del 90 y el presente.

El suicidio en la Argentina. Situación en la Argentina, se denomina el trabajo difundido recientemente por UNICEF. En él, cuantificaron según la franja etárea: “Los suicidios constituyen la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años. En el grupo de 15 a 19 años, la mortalidad es más elevada, alcanzando una tasa de 12,7 suicidios cada 100.000 habitantes, siendo la tasa en los varones 18,2 y en las mujeres 5,9”.

Lo mismo hicieron en relación con el género: “Se observan importantes diferencias por sexo entre adolescentes de 10 a 19 años en el período 2014-2016. Mientras los varones presentan una tasa de mortalidad por suicidio de más de 8 cada 100.000 adolescentes, en el caso de las mujeres la tasa llega a 3,32 muertes cada 100.000 adolescentes”.

Ya en 2018, el gobierno nacional difundió el documento “Lineamientos para la atención del suicidio adolescente”, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del secretario de Salud nacional, Adolfo Rubinstein. El informe expuso que “desde los primeros años de la década del ’90, a la actualidad, la mortalidad por suicidios en adolescentes creció más del 100%. En cuanto a las tasas de suicidio por provincias, las más afectadas en el último trienio son Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta y Jujuy”.

Nada

El 11 de marzo de 2015 se sancionó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, publicada en el Boletín Oficial el 8 de abril. Sin embargo, hasta hoy, no ha recibido la reglamentación correspondiente.

Desde su nacimiento, planteó como objetivo “la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, mediante la prevención, la asistencia y la posvención, destinadas a trabajar con el entorno de la persona que se quitó la vida para evitar nuevos eventos”; declaró de “interés nacional la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias”.

Asimismo, en el artículo 17 detalla: “El Estado nacional a través del COFESA debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley que incluirán cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para su implementación”.

¿Y CoFeSa?

El Consejo Federal de Salud fue creado en 1981 bajo el decreto 22.373, integrado por los funcionarios que ejerzan la autoridad de Salud Pública de más alto nivel en el orden nacional, en cada provincia, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Debía efectuar por lo menos dos encuentros anuales, con el foco puesto en atender “problemas comunes de todo el país”. No obstante, hace ya cuatro años que se sancionó la normativa 27.130 y la dinámica preventiva / activa de este espacio sanitario sobre el suicidio se mantiene prácticamente nula. Sus 62 actas de gestión difundidas a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social no mencionan la problemática ni las acciones relacionadas, más allá de que durante 2018 se produjeron casi el 70% de las comunicaciones oficiales y que en 2019 se registra ‘cero actividad’.

Salud Mental y adicciones

Por su parte, la normativa que abarca estas problemáticas es la N°26.657, promulgada el 2 de diciembre de 2010. El artículo 3° reconoce a la salud mental como un “proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos de toda persona”. En la misma línea, plantea que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante” de estas políticas. “Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías en su relación con los servicios de salud”.

Asimismo, el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018 (PNSM), aprobado por Resolución Ministerial 2.177/2013, prevé la capacitación continua en el tema de suicidio de profesionales y trabajadores de salud mental, extendiendo la formacióna docentes, educadores, comunicadores populares y personal de las fuerzas de seguridad.En este sentido, el PNSM impulsó la creación y/o fortalecimiento de áreas de Epidemiología en Salud Mental y Adicciones en las provincias, para efectivizar un sistema de información con datos actualizados de las principales problemáticas federales de salud.

Más allá de las dos legislaciones nacionales descriptas anteriormente (27.130 y 26.657), el sitio oficial del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, exhibe solamente “siete posteos” que no aluden a programas específicos sobre el tema suicidios. El más concreto de ellos fue la jornada “Salud y Desarrollo Social organizaron jornada sobre comunicación responsable sobre suicidio”, desarrollada el 6 de septiembre de 2017. En este encuentro, el director nacional de Salud Mental y Adicciones, André Blake, informó que “ya hemos elevado para la firma el proyecto de reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidioy estamos capacitando a los recursos humanos de todo el país a través de teleconferencias que llegan a 35 nodos”.

Un par de meses después, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtióporun cambio vía decreto en la normativa de Salud Mental al “representar una clara contradicción con los principios de esa ley”. El organismo calificó de “sumamente grave” la modificación y cuestionó que “reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista; y el manicomio bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría; admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar ‘enfermos’; habilita exclusivamente las prácticas fundadas en evidencia científica; lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias”.

Qué dice el Presupuesto de Salud

Dato Duro analizó los lineamientos vertidos en los números oficiales dispuestos en la web de la cartera en cuestión. En tal caso, el esquema económico de 2016 no menciona programas enfocados o concepto alguno sobre la problemática de los suicidios. En el año siguiente, se mantiene el escenario excepto una disposición a “promover y coordinar desde la Dirección de Salud Mental las redes locales, regionales y nacionales”, conjuntamente con el “abordaje de las problemáticas acordadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa) para mitigar las desigualdades interregionales e interprovinciales”. Recién en el año 2018 se puntualiza en la búsqueda para “lograr mayor accesibilidad a los servicios de salud y fortalecer las intervenciones en las siguientes áreas”, entre las que menciona “el suicidio como problemática de salud pública y la elaboración del Plan Nacional de Prevención del Suicidio”.

Agregar comentario